“Si seguimos con la negociación a nivel técnico, el acuerdo no sale más. De (Anne) Krueger para abajo nadie en el Fondo quiere firmar nada, porque tienen pánico de que en dos meses estalle todo y se les acabe la carrera. Temen repetir lo que les pasó a los dos hombres clave que seguían el caso argentino. Tomás Reichman está hoy asignado a Paraguay y (Claudio) Loser quedó congelado en un puesto formal. O logramos el apoyo directo de los accionistas, o nos olvidamos del acuerdo con el FMI.” Esta misma teoría, dada a este diario por un funcionario del área económica, fue expuesta ayer por Roberto Lavagna a los embajadores del Grupo de los 7, los países más industrializados. Con un lenguaje más diplomático, el ministro buscó el respaldo de los principales “accionistas” del FMI. Sin embargo, las opiniones entre los “dueños” del organismo están divididas.
Lavagna piensa que las negociaciones con el FMI están estancadas por culpa de los técnicos. Cree que el llamado “staff” no quiere firmar absolutamente nada con la administración Duhalde y que sus reparos van más allá de lo meramente técnico. Como lo resumió la fuente consultada por Página/12, la idea es que a los funcionarios de línea del Fondo los atormenta que un nuevo fracaso del caso argentino sepulte sus propias carreras. La evidencia es concluyente. Del equipo que manejaba el caso argentino hasta fin del año pasado, sólo sobrevivió dignamente dentro de las estructuras del FMI la italiana Teresa Ter Minassian, quien meses antes de la debacle logró reciclarse en la Dirección de Estudios Fiscales del organismo, puesto que había dejado vacante al jubilarse Vito Tanzi. El resto truncaron carreras profesionales de más de 20 años, convirtiéndose en “ñoquis” de lujo, sin ningún poder de decisión real.
La semana pasada, Lavagna recibió una carta de Krueger, quien enumeraba allí, punto por punto, las objeciones técnicas al borrador de Carta de Intención enviado a Washington. El tono de la misiva, terminó de convencer al ministro de que el staff, que reporta directamente a Krueger, seguiría poniendo condiciones indefinidamente, con tal de esquivar la responsabilidad de cerrar un acuerdo con Argentina.
Por eso, ayer Lavagna se reunió con los embajadores del Grupo de los 7 (Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Canadá, Japón) más España, países que detentan la mayoría accionaria en el Comité Ejecutivo del Fondo. Durante el encuentro, el ministro trató de persuadirlos de que el apoyo a la Argentina debe salirse de los carriles de negociación técnica y enmarcarse en una decisión política. El argumento que desplegó es que los costos de no cerrar un acuerdo con Argentina serían para todos superiores a los beneficios. Así, dejó en claro que el gobierno no utilizará las reservas del Banco Central para pagar los vencimientos
Y que, sin acuerdo con el FMI antes de noviembre, Argentina podría caer en default con el Banco Mundial, que por estatuto no podrá refinanciar un vencimiento de más de 800 millones a menos que haya algo firmado con el Fondo. Si esa fuera situación, sostuvo Lavagna, el perjuicio para el BM sería grande, porque, al tener que declarar a uno de los principales deudores en cesación de pagos, podría ser rebajado de categoría (downgrade) por las calificadoras de riesgo crediticio.
La mirada sobre Argentina dentro del G-7 no es unánime, como quedó demostrado en la última reunión de directorio del FMI. España, junto a Italia, son los únicos que promueven activamente un acuerdo. Francia y Alemania, en cambio, “apoyan débilmente”, según confesó un funcionario argentino que sigue la cuestión. Inglaterra, en sintonía con John Thorton, el nuevo jefe de las misiones al país, que ayer se reunió con Lavagna, evalúa con más desconfianza que comprensión al gobierno de Duhalde. Pero lo más desconcertante es la posición de Estados Unidos. Ayer, entre los embajadores, se comentaba que, cada vez que le preguntan informalmente a George Bush sobre Argentina, el chiste es siempre el mismo: “¿Argentina? It’s a king’s problem” (“Es un problema del rey”), responde, en alusión alas gestiones del gobierno español en favor de un acuerdo, preocupado por el futuro de las inversiones ibéricas en el país.