El Ministerio de Trabajo recibirá hoy al sindicato de pilotos de Aerolíneas Argentinas para buscar una solución al conflicto que mantiene con la empresa. El Gobierno decidió intervenir luego de la propagación de las medidas de fuerza y para evitar más escenas de pasajeros indignados provocando destrozos. Después de los pilotos, la cartera laboral se reunirá con dirigentes de los otros seis gremios que intervienen en la compañía. El objetivo es pactar una “paz social” de dos años, por la cual los sindicatos asuman una posición menos confrontativa y la empresa lleve a la práctica las inversiones largamente prometidas. La tarea no será fácil, dada la desconfianza instalada entre las partes.

La razón profunda de los paros a repetición es la sospecha de que el grupo Marsans, dueño de Aerolíneas Argentinas, no está dispuesto a invertir el capital necesario para relanzar la compañía. Así lo creen los pilotos y, en alguna medida, también el Gobierno. La empresa lo niega e insiste en que el problema es que los sindicatos se resisten a perder privilegios heredados de la etapa estatal, que encarecen los costos laborales más allá de lo razonable. A la vez, la empresa sostiene –al igual que otros operadores locales– que las tarifas vigentes para los vuelos de cabotaje son deficitarias. Reclaman un reajuste, que el Gobierno por el momento se viene negando a conceder.

En la reunión de la semana pasada entre Cristina Fernández y los titulares de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, la presidenta volvió a reclamar las inversiones. Lo hizo de manera enfática. A la vez, ratificó que el Gobierno está decidido a ampliar la participación estatal en la compañía del 5 al 20 por ciento de su paquete accionario. La conversación sobre este punto no avanzó mucho más, pero en las próximas semanas será un tema central. Marsans no puede negarse a transferir esa porción de sus acciones: se comprometió a hacerlo en el acuerdo que firmó con Néstor Kirchner a mediados del año pasado. Sin embargo, discute el precio y desconoce una deuda reclamada por el Gobierno, que pretende utilizar como prenda de cambio para adquirir los papeles.

Mientras la situación con Aerolíneas Argentinas presenta tantas dificultades, la otra compañía aérea que administra Marsans, Air Comet, no para de crecer. Se trata de una empresa que empezó haciendo vuelos charter con un solo avión a Canarias, destino turístico que maneja el grupo español. Así se mantuvo por varios años hasta que en 2006 empezó su vertiginosa expansión. Compró las rutas dejadas por la fallida Air Madrid y empezó a operar vuelos desde España a Santiago de Chile, Lima, Guayaquil, Quito, Bogotá, Santo Domingo y La Habana, entre otros destinos latinoamericanos. En Argentina se convirtió en el principal competidor de Aerolíneas en su ruta más rentable: los vuelos a Madrid.

Air Comet es una empresa que a Marsans no le genera los problemas gremiales que tiene en Aerolíneas. Su flota actual es de 12 aviones. El crecimiento de la compañía genera resquemores entre los sindicatos y también en el Gobierno. Especulan con una eventual salida de Marsans de Aerolíneas, una vez que Air Comet alcance la escala necesaria. El grupo español ya encargó a la constructora de aviones Airbus 70 naves para incorporar a sus activos. Se supone que la mayor parte de ellos debería incorporarse a Aerolíneas, pero hay quienes advierten que los aparatos podrían ir a Air Comet, abandonando a la línea de bandera a su suerte.

Ante versiones de ese tipo, Marsans insiste en que su interés es potenciar a Aerolíneas. Y argumenta que las demoras para efectivizar las inversiones obedecen al complicado panorama gremial. El vocero de la compañía, Jorge Molina, expresó ayer su confianza en que las negociaciones que se llevarán a cabo en el Ministerio de Trabajo resuelvan la situación. “Estamos en una etapa de diálogo que seguramente nos llevará a lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho: la búsqueda de grandes soluciones para Aerolíneas”, señaló. Luego dijo que se requiere “un gran acuerdo a tres bandas y de compromiso entre los empresarios, sindicatos y Gobierno”. Según Molina, “es fundamental que el Estado esté presente, y debe ser el garante del compromiso que se firme”.