El Gobierno declaró ayer la emergencia aerocomercial y cambió el marco tarifario para los vuelos de cabotaje mediante una nueva banda más alta. El objetivo, según dijeron a este diario fuentes de la Secretaría de Transporte, es evitar el dumping en que estarían incurriendo algunas empresas para eliminar a la competencia. Además, con el objetivo de reducir los costos operativos de las compañías, se permitirá contratar seguros en el extranjero y se enviará al Congreso un proyecto de ley con exenciones impositivas. Para el caso de los destinos que ya son monopólicos o eventualmente podrían serlo, el Estado se reservó un margen de discrecionalidad para determinar los precios de los vuelos.
El nuevo sistema tarifario elimina al anterior que regía desde el 13 de diciembre de 2001 y que consistía en un precio de referencia sobre el cual se podía fluctuar en +/- 35 por ciento. En su reemplazo, se corre hacia arriba la banda, dejando al precio de referencia como mínimo y estableciendo un precio máximo un 90 por ciento superior para todos los destinos. Esto significa que desde hoy las empresas aerocomerciales están autorizadas a cobrar tarifas un 40 por ciento más altas que el techo anterior. Así, por ejemplo, los vuelos a Bariloche tendrán un precio mínimo de 187 pesos y un máximo de 355 y a Mar del Plata una referencia de 73 y un máximo de 139 pesos.
El sector aerocomercial se cuenta entre los más afectados por la devaluación. Sus principales costos se vieron afectados directamente por la nueva cotización de la divisa estadounidense, en especial los combustibles y el leasing de aeronaves. A este impacto se sumó la restricción crediticia general y, en particular, la explosión del precio de los seguros.
Esta situación, ampliamente desfavorable para todas las compañías, impactó sin embargo de modo diferencial. La situación financiera de Aerolíneas Argentinas le permitió quedar sola en 13 destinos.
Según la justificación del decreto referido, “el exceso de oferta en un mercado deprimido por la recesión de la actividad y la existencia de bandas tarifarias que no se ajustan a los costos, puede provocar la existencia de tarifas predatorias de mercado, susceptibles de llevar a una competencia absurda con valores no compensatorios”.
El decreto que declaró la emergencia también eliminó la restricción para que las empresas nacionales contraten seguros en el exterior. Esto permitirá eliminar que se deban pagar seguros por partida doble, ya que las empresas que arriendan aeronaves obligaban muchas veces a contratar seguros en el exterior. Además la reducción de costos surgirá también por el acceso a un mercado cuya oferta es más amplia.
El paquete impositivo que se enviará al Congreso en un plazo máximo de 30 días contendrá una disminución del 50 por ciento en el IVA pagado por el combustible, lo que significa una reducción en torno del 15 por ciento sobre el precio final, la posibilidad de utilizar los créditos fiscales para el pago de cualquier impuesto nacional y las cargas sociales y la exención del IVA en los contratos de leasing. Por último, el Estado se reserva el derecho de introducir cambios en los precios “en rutas de interés geopolítico, estratégico, turístico o atendiendo a la emergencia aerocomercial del sector”.