Según las ideas que germinan en el seno del duhaldismo, la renegociación del contrato del Correo Argentino podría devenir en un nuevo acuerdo muy atractivo para la sociedad adjudicataria, que encabeza el grupo Macri. En los despachos de los diputados oficialistas comenzó a circular un proyecto de marco regulatorio para la actividad postal que no sólo reduce el pago de un eventual canon sino que hasta prevé subsidiar al concesionario.
A través del decreto 1534, Eduardo Duhalde encomendó a una comisión especial renegociar la concesión postal “a los efectos de readecuar su ecuación económico-financiera a los parámetros de origen de la concesión”. Algo que, según interpreta Correo Argentino, significaría flexibilizar las obligaciones contractuales a una nueva realidad mucho más desfavorable a la prevista cuando la empresa se privatizó.
Según se lamenta el concesionario, hoy factura “alrededor de 400 millones de pesos anuales, apenas un poco más de lo que recaudaba la estatal Encotesa” y muy por debajo de las proyecciones de crecimiento realizadas en el momento de formular la oferta, amén de otras varias recriminaciones hacia el Estado. Entre ellas, que no se le haya dado exclusividad en ciertos segmentos del mercado, que sus empleados estén amparados por convenios laborales muchos más gravosos que los de la competencia y que varias reparticiones públicas le deban el pago de servicios prestados. Escudada en esas presuntas falencias oficiales, Correo Argentino suspendió el pago del canon de 103 millones de pesos anuales y se declaró luego en convocatoria de acreedores.
“Ha operado una sustancial variación de las condiciones económicas imperante en nuestro país, respecto al momento de aprobarse la respectiva concesión”, dice aquel decreto, justificando la necesidad de renegociar. Sin embargo, los cambios aludidos –la devaluación y demás– tuvieron lugar mucho después de que el contrato estuviera caído de hecho y que el adjudicatario hubiera planteado la exigencia de revisarlo.
Pero antes de que fuera promulgado el decreto, el diputado justicialista que preside la Comisión de Comunicaciones, Pablo Fondevilla, redactó un proyecto de ley de marco regulatorio postal que contempla varias de las inquietudes de Correo Argentino. Si bien se trata de regular a todo el mercado y no sólo la actividad de la empresa privatizada, el texto alude expresamente a la renegociación contractual, preservando para el correo oficial la exclusividad en filatelia y la emisión de cartas documento.
Discretamente, el proyecto avanza sobre terrenos más sensibles, que pusieron en alerta a legisladores y sindicalistas. El texto prevé pagarle al adjudicatario un subisidio para sostener la prestación en áreas donde ningún otro competidor tenga oficinas, obviamente, por falta de interés comercial. En otros términos, esto significaría subvencionar la prestación del servicio universal, minimizando el riesgo del adjudicatario y casi garantizándole una renta. El único pago al Estado que prevé expresamente el proyecto es una licencia que deberían pagar todos los operadores del mercado, equivalente al 1 por ciento de su facturación o a 30 mil franquicias simples (36 mil pesos).
La iniciativa redactada por Fondevilla no tiene aún estado parlamentario. Pero las ideas del diputado se interpretan desde el seno del Congreso como una propuesta apañada por el propio Presidente. Duhalde, por lo pronto, reservó esta controvertida renegociación a un puñado de funcionarios que trabajarán bajo el comando del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, sustrayéndola de la órbita de Economía tanto como de la parlamentaria.