El viernes último, Roberto Lavagna y Aldo Pignanelli recibieron un informe confidencial del representante argentino ante el FMI, Guillermo Zoccali, con noticias alarmantes. En la reunión de directorio del día anterior, en que se aprobó la prórroga del vencimiento de setiembre, dos de los países más influyentes en el Fondo se opusieron. Los directores por Alemania y Japón, los dos países con más acciones en el FMI después de Estados Unidos, proponían dejar caer en default a Argentina con los organismos internacionales, con el argumento de que no había dado muestras de poner las variables económicas en línea con las políticas del Fondo. Esa situación confirma que las dificultades para acceder a un acuerdo con el organismo no son sólo de carácter técnico. Página/12 accedió a los documentos secretos de la negociación con el Fondo Monetario. Esos informes confidenciales revelan que Roberto Lavagna fue notificado hace 20 días de que no habría acuerdo en el corto plazo y que los técnicos seguían exigiendo una larga lista de condiciones. De inmediato, el ministro envió una carta reservada al presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, para que intensificara los controles cambiarios y evitar así la fuga de dólares del país, política que es cuestionada severamente por Washington.
El jueves pasado, el directorio del Fondo Monetario aprobó la refinanciación a un año del vencimiento de 2700 millones de dólares que Argentina debía pagar el 9 de setiembre. Pero el ministro de Economía y el presidente del Banco Central saben que fue una victoria a lo Pirro. Ambos fueron informados por Guillermo Zoccali, representante argentino ante el Fondo, de que la votación en el directorio fue dividida. Peor aún, los directores por Japón (Ken Yagi) y por Alemania (Karlheinz Bischofberger) votaron en contra.
Después de cada reunión de directorio del FMI, Zoccali envía al presidente del Central y al ministro de Economía un “informe reservado” describiendo lo sucedido, el cual suele firmar junto al chileno Guillermo Le Fort, quien oficia como director alterno (ver facsímil). Vale la pena recordar que detrás de la “silla” argentina en el board del Fondo, ocupada por Zoccali, están también por otros países con billetera más modesta: Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Según el memorándum, los directores mencionados argumentaron que el gobierno argentino no había dado muestras de poner las variables económicas en línea con las políticas del Fondo Monetario. Si Argentina no lograba prorrogar el vencimiento, hubiera caído en cesación de pagos con el FMI, cuando, justamente, toda la negociación con el organismo se basa en evitar esta situación.
Alemania y Japón son dos de los países que tienen un sillón exclusivo en el board del Fondo: los otros tres son Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y desde el punto de vista accionario son, después de Estados Unidos (17%), los más relevantes, con un 6 por ciento de acciones cada uno. Para tener una idea de magnitud, Argentina junto a sus 5 socios apenas cuenta con el 2 por ciento de acciones, y Brasil con otros 8 países acapara un 2,46 por ciento.
La oposición de Alemania y Japón refleja las dudas políticas que sigue generando Argentina entre los gobiernos del Primer Mundo. Pero, además, confirma que esos países presionan a través del FMI para que la administración Duhalde reinicie, cuanto antes, el pago de la deuda externa. Miles de pequeños y medianos inversores alemanes, japoneses e italianos son acreedores de títulos públicos argentinos, hoy en default. Precisamente, con los representantes legales de estos “damnificados” se reunirá mañana en Londres el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen.
Mediante un memo enviado el 29 de agosto último, después de otra reunión del board, Zoccali ya había anticipado que los directores por Bélgica y Holanda también se mostraban muy contrarios a firmar un acuerdo con Argentina. Estos dos países son menos relevantes, pero igualmente cada uno duplica la participación accionaria argentina en el FMI.
Los documentos anteriores ratificaron en el equipo de Lavagna la convicción de seguir adelante con el llamado “Plan B”. Aunque el ministro lo niegue en público, dicho plan consiste en reforzar al máximo los controles cambiarios y de capitales, para evitar la fuga de divisas que ingresan al país vía exportaciones y recomponer así las reservas del Banco Central.
En un reportaje publicado el domingo pasado, Página/12 le preguntó a Lavagna si nunca había pensado en seguir el camino de Malasia, que no firmó un acuerdo con el FMI, extremó el control de capitales, y logró salir de la crisis financiera del ‘97 más rápidamente que los otros países del Sudeste asiático que sí acordaron con Washington. “Mis pensamientos íntimos no se los voy a decir”, contestó el ministro, y luego habló de las diferencias políticas entre Argentina y Malasia.
Sin embargo, el lunes el Banco Central empezó a instrumentar una serie de medidas para controlar más efectivamente la liquidación de divisas de los exportadores y, sobre todo, para restringir la remesas de dólares al exterior, por parte de empresas, bancos e inversores. El viernes, esa política fue completada con otras medidas, orientadas a cerrar las posibles vías de elusión de los controles. “Obviamente, no somos Malasia, pero tampoco tenemos un acuerdo con el Fondo. En el medio tenemos que hacer algo, aunque al Fondo no le guste”, explicó un funcionario de Economía a este diario.
Lo cierto es que la decisión de avanzar en esa dirección fue tomada hace casi 20 días, horas después de que el 24 de agosto pasado Lavagna recibiera la respuesta de Anne Krueger, la número dos del FMI, a la carta de intención remitida a Washington. En una carta firmada de puño y letra (ver facsímil), Krueger enumeró uno a uno los puntos que el staff del organismo consideraba que todavía no estaban resueltos: amparos (sin traducción en inglés); depósitos reprogramados; reestructuración de la banca pública; descongelamiento de tarifas; rescate de los bonos provinciales; proyecciones económicas demasiado optimistas que inflan la recaudación esperada; necesidad de desmontar los controles de capitales instrumentados desde enero. En el transcurso de la semana, encima, se conocería el fallo de la Corte restituyendo el 13 por ciento a empleados públicos y jubilados.
El miércoles 28 de agosto Lavagna envió una carta reservada a Pignanelli. En un tono protocolar, el ministro escribió al titular del Central: “Si bien conseguimos la estabilidad financiera en estos últimos tres meses, es opinión del Ministerio de Economía que se debe elevar el cuidado sobre el control de divisas tanto en lo comercial como en lo financiero”. Curiosamente, al día siguiente, el directorio del Central aprobó una circular que iba en el sentido contrario, al establecer que las empresas concursadas podían girar divisas al exterior sin autorización previa de la autoridad monetaria.
Pero la desinteligencia duró poco, y en Economía dicen que Pignanelli, quien se enfrentó en su momento al ministro hasta el punto de casi ser eyectado de su puesto, sintonizó enseguida la onda de Lavagna. Más aún, sostienen que juntos redactaron el discurso que Pignanelli pronunciará mañana ante otros titulares de Banco Centrales en la cumbre de Basilea. Y acordaron que el presidente del Central vuele luego a Washington, para seguir negociando en tándem con Nielsen con funcionarios del Tesoro y del Fondo.
Sea como fuere, en Economía reconocen que la presión de Washington para desarticular esta nueva estrategia será fuerte. “Nos van a obligar a desmontar los controles si queremos el acuerdo, pero el planteo será que sólo lo vamos a hacer una semana antes de firmar”, contó un integrante del equipo económico. La semana próxima desembarcará en Buenos Aires un experto del FMI que analizará una por una las únicas medidas de políticaeconómica tomadas por el gobierno de Duhalde que van a contramarcha de lo que exigió el organismo.