“Economía y el Banco Central están manejando en el barro, siguiendo una huella en el lodazal. Hasta ahora mostraron bastante pericia, pero nadie puede asegurar que no cometan algún error fatal, patinen y vuelquen.” La descripción, deslizada por un consultor que prefiere el anonimato, identifica la precariedad del momento. Lo concreto es que Roberto Lavagna seguirá con su estrategia dual: por un lado, mantener viva la negociación con el Fondo Monetario, peleándose con legisladores y jueces que la jaquean; por el otro, aferrarse a la estabilidad del dólar como patrón de toda la política. Si el tipo de cambio volviera a dispararse, todo el tinglado se derrumbaría en pocas horas. Por tanto, la clave de toda la estrategia son las reservas de divisas del BCRA. Las medidas tomadas el viernes para restringir la demanda de dólares y forzar una mayor liquidación son en sí mismas el famoso Plan B.
Su sustento es el superávit comercial, que a esta altura, sin reactivación a la vista, se proyecta oficialmente en unos 15 mil millones de dólares para el año (26 de exportaciones contra 11 de importaciones). Si los exportadores liquidaron unos 1500 millones durante agosto, deberían mantener ese flujo en estos últimos cuatro meses de 2002. Para garantizarlo se redujo de 500 a 200 mil dólares el piso a partir del cual la moneda extranjera debe ser vendida directamente al Central. De hecho, así como los agroexportadores se sentaron sobre la soja, a esta altura de la soirée todavía tienen mucha bajo el trasero. No impedir lo malo pero evitar lo peor es, si se quiere, el lema del equipo económico.
El economista Miguel Bein opta por expresar la disyuntiva a manera de precepto: “Si cayeras en default con los organismos internacionales, permanecerás fuera del mundo; pero si perdieras las reservas de divisas, no permanecerás”. Economía sigue procurando, hasta ahora sin éxito, evitar el ostracismo, pero no al precio de sacrificar reservas, que encarnan el patrimonio nacional. En este sentido, de haber obedecido hace cuatro meses las presiones del FMI, que exigía liberar la flotación del dólar, éste cotizaría hoy muy arriba de donde está. Quizá –y sólo quizá– se hubiese firmado un acuerdo mínimo, pero la destrucción de ingresos y riqueza sería mucho mayor aún.
A medida que se aleja la rúbrica con el Fondo, también se posterga el primer reajuste de tarifas de los servicios públicos, que –según fuentes de Economía– ya no podrá producirse en septiembre. Aun al costo de seguir acumulando desequilibrios que algún día explotarán, la prioridad es evitar todo nuevo factor que pueda detonar una reacción en cadena, por el empobrecimiento masivo y adicional que provocaría ese reajuste. Pero ninguna decisión es definitiva: la política se define cada semana, o hasta cada día.
Ocurre lo mismo con los vencimientos de la deuda con organismos como el BID y el Banco Mundial: en la víspera de cada uno se resuelve qué hacer. Pero está claro que las facturas que hay por delante –de ahora a marzo de 2003 vencen pagos que equivalen a la mitad de las reservas actuales– no podrían afrontarse sin alguna clase de arreglo. La esperanza es que los otros hagan algo, especialmente por la situación del Banco Interamericano de Desarrollo, cuya exposición al deudor argentino representa el 22 por ciento de su cartera de préstamos.
También es probable que el Fondo, mientras reprograma a un año sus propias acreencias contra el país, vuelva a autorizar, como ya hizo una vez con el BID, que los bancos multilaterales otorguen nuevos créditos para que la Argentina cancele los que venzan sin diezmar sus reservas. En última instancia, fue el propio FMI el que sostuvo que los activos en moneda extranjera del BCRA no debían caer por debajo de los 9000 millones de dólares, con lo que regalaron un argumento para no pagarles. Lo realista, para la mayoría de los observadores, es admitir que con este Gobierno no habrá acuerdo y que el país tendrá que hacer la de Malasia, pero sin ser Malasia, que es una potencia exportadora y cuyo establishment económico está fuertemente ligado a la monarquía.
Aquí los bancos y las grandes empresas siguen prefiriendo poner su capital en el exterior para ver este partido desde fuera. No les importa el precio del dólar: priorizan sacar el capital por encima de cualquier otro cálculo. En definitiva, ninguno considera que, eventualmente, al volverlo a traer se encontrará con un peso más fuerte. De ahí la necesidad de endurecer el control de cambios, en una pulseada que la conducción económica corrió el peligro de perder la semana pasada, ante la corrida de los grandes hacia el dólar tras una sucesión de noticias adversas, provenientes del Fondo, de Estados Unidos, del Congreso y de la Corte.
Frente a estos contratiempos, y al traumático ascenso de algunos precios sensibles, como el de la carne, Economía sólo puede aferrarse al manejo técnico de la política monetaria, financiera y cambiaria, todo alineado detrás de la prioridad de no perder dólares para llegar a la pitada final pudiendo reivindicar que se evitó la híper. Los márgenes volvieron a estrecharse desde el momento en que el Fondo logró con su apoyo –o creyó lograr– que se estabilizara la situación en Brasil y Uruguay. Al aquietarse la marea en las playas vecinas, la costa bonaerense volvió a ser castigada por olas de declaraciones críticas, lanzadas por el Tesoro estadounidense y por el FMI. Es posible que sólo un nuevo deterioro regional, bastante factible en el caso uruguayo al menos, aliviaría el castigo sobre la Argentina.
Con los viajes de Guillermo Nielsen (Finanzas) y Aldo Pignanelli (Banco Central) al Norte se inicia una nueva ronda de discusiones y retoques a la carta de intención que garrapateó Lavagna. Pero el rechazo del Fondo, de Estados Unidos y de buena parte de sus socios del Grupo de los Siete no es técnico sino político. Ellos saben que muchas de sus exigencias no pueden ser satisfechas por Duhalde porque no tiene poder ni medios para hacerlo. Por ejemplo, terminar con las cuasimonedas provinciales. Pero no por eso van a hacerse cargo de un problema político ajeno ni aflojarle la soga a un país sacrílego, que dejó de pagar su deuda. Ya verán cómo arreglan –si es que arreglan– con los herederos del siniestro.