El Gobierno debió desmentir ayer informalmente los rumores de renuncia del ministro de Economía, Martín Lousteau, que fueron creciendo a partir de una reunión en Casa Rosada hacia el final de la tarde. La encabezó Cristina Fernández y también participó Alberto Fernández. La versión fue que el titular de Hacienda planteó allí su discorformidad con el nuevo Indice de Precios al Consumidor, que por la mañana el jefe de Gabinete había dicho que se difundiría la próxima semana. Fuentes oficiales, que prefirieron resguardar su identidad, hablaron con la prensa cuando los rumores llegaron a la pantalla de Crónica TV, dando cuenta de la eventual salida de Lousteau. “Es un absurdo, no hay la más mínima posibilidad de que se vaya”, enfatizaron ante Página/12.

Más allá de la dementida, en aquella reunión se resolvió que el nuevo IPC será dado a conocer “en las próximas semanas”, no ya la próxima, y que se lo hará “recién cuando Lousteau dé su aprobación”. Esta segunda parte de la información refleja que en el Gobierno existe una discusión no saldada sobre los cambios en la metodología de cálculo de la inflación. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, los impulsa, incluso contra la reticencia de Lousteau.

“La semana que viene vamos a estar explicando todo, creo que todo va a quedar claro, vamos a poder demostrar las cosas que se hicieron mal los últimos años en el Indec y vamos a explicar claramente qué es lo que entendemos que se debe hacer de acuerdo a los nuevos modos de consumo de los argentinos”, había señalado Alberto Fernández por la manaña. Dijo que en el tema Indec “se mezclan elementos técnicos con la sensibilidad de la gente” y adelantó que el nuevo indicador estará basado en la última encuesta que se realizó sobre las “nuevas formas de consumo”.

“Históricamente la Argentina ha construido una canasta de productos teniendo en cuenta el consumo promedio del país y esto se alteró en los ’90, donde se incorporaron productos importados y un consumo alto de estos productos. Esto, de algún modo, tiraba para abajo los precios internos”, relató. “Ahora no se consumen muchas cosas que (se consumían) en los ’90; por ejemplo en esa década se tomaba el precio de las rosas de Colombia porque se importaban, mientras que ahora no se las encuentra en ningún lado y si aparecen son carísimas, porque la situación interna ha cambiado.”

Según comentó Fernández ayer por la mañana, “el índice de precios actual todavía estamos consolidándolo” y estimó que “la semana que viene lo podemos presentar públicamente”.

Aunque la actualización de la canasta básica está planteada ya desde principios del año pasado, su formulación quedó ahora sumergida en una gran polémica, debido a las sospechas nunca aclaradas acerca de manipulación de los índices por parte del personal no técnico incorporado al Indec. Ayer se reiteraron estos cuestionamientos, incluso con nuevas denuncias acerca de “aprietes” a delegados gremiales. Lousteau tiene sus propias dudas.

Raúl Llaneza, de ATE-Indec, denunció haber sido víctima de “hostigamiento y persecución” durante una asamblea llevada a cabo la semana pasada dentro del Instituto. Dijo que un extraño se le acercó y le susurró: “Te perdoné la vida la otra vez porque estabas con tu hija, pero con vos se acabaron los códigos”. Llaneza opinó que el Gobierno, “que dice que su prioridad es garantizar los derechos humanos, sería incoherente si no investiga qué está pasando adentro del Indec”. En similares términos se expresó la ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, Cynthia Pok, quien sostuvo que para recuperar la credibilidad del Instituto “hay que dejar a los técnicos hacer su trabajo”, en vez de permitir que “el Indec esté copado por gente que hostiga físicamente y persigue a los trabajadores”.

Por su parte, desde sectores empresarios le cuestionan al Gobierno, y en particular a Comercio Interior, que pretenda monitorear los costos de las empresas indagando cómo obtienen rentabilidad. El primer paso lo dio en el sector lácteo, cuando los tamberos se quejaron de que la industria se quedaba con la parte del león del precio final de la leche, y en respuesta, Moreno –en vez de inspeccionar las usinas– mandó pedir los costos de un puñado de tambos “representativo”. Ayer, la Federación Agraria se hizo eco de ello, y a través de su vicepresidente, Pablo Orsolini, expresó que “las autoridades saben que los pequeños y medianos productores compartimos la prioridad de la lucha antiinflacionaria y que no nos negamos a los controles. Pero la lupa debería centrarse en aquellos que han sido los más beneficiados en el último tiempo, como la industria láctea, los exportadores o los hipermercados. Esos actores son los verdaderos formadores de precios, y muchos de ellos además reciben subsidios millonarios”.