Mostrando una curiosa ingenuidad, Alfredo De Angeli afirmó en la Rural que “hay dinero (de la venta de granos al exterior) que no le está llegando al productor y el Gobierno tendría que ver qué está pasando”. Y aseguró que “la gente (por los productores) no vende y sigue la recesión, porque está viendo que alguien se está quedando con la diferencia”. El dirigente del sur entrerriano alertó que “si bien se destrabó el conflicto y se derogó la (resolución) 125, sigue el problema sin solucionarse (...). Los productores hoy están más preocupados porque los precios de los commodities no se están reflejando en lo que reciben”.

El conflicto por las retenciones que el exportador le practica al productor cuando compra los granos, pero que luego no ingresa al fisco como derecho de exportación, está en la raíz del problema de la distribución de la renta agraria. Pero la dirigencia rural eludió desde un principio apuntar hacia allí sus reclamos. Prefirió disputar la porción que llega al fisco vía tributos, aunque en la reducción del derecho de exportación, otra vez, el exportador se llevara la mayor parte. Como, ahora se comprueba, efectivamente sucedió.

Menos de una decena de grupos empresarios, entre cerealeras y aceiteras, controlan más del 90 por ciento del comercio exterior de granos y aceites vegetales. Un núcleo menor, entre ellos, tiene además el control del acopio del cereal en campo y el manejo de los puertos, privatizados en los ’90. Pese a ser un actor principal del negocio, su existencia resultó invisible durante el conflicto. La dirigencia rural los ignoró y el Gobierno tampoco les imputó responsabilidad alguna. Hasta que la Oncca sustituyó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería en los controles de las liquidaciones de exportación y comenzó a hacer reclamos por diferencias, primero contra las aceiteras y más tarde sobre las cerealeras.

Cuando el debate llegó al Congreso, el diputado Claudio Lozano hizo una denuncia por manejos irregulares en las declaraciones de exportación. Pero el ruido de la denuncia se apagó rápidamente. Tampoco entonces las entidades levantaron las banderas de la denuncia. Prefirieron seguir la cruzada contra la 125, que en definitiva les redundó en un triunfo contra el Gobierno, pero la pérdida de todo beneficio para los productores pequeños y medianos.

Ahora que los números no le cierran –la derogación de la 125 no resultó en un mayor ingreso neto para el productor–, la dirigencia asumió el discurso duro contra los exportadores. Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, había hecho lo propio días atrás. Entre contradicciones, idas y venidas, quizá no sea tarde para reclamarles a quienes realmente se apropian del grueso de la renta agraria. Aunque el reclamo salga desde el marco de la coqueta y muy tradicional Exposición de la Sociedad Rural.