La movilidad de las jubilaciones es un derecho establecido en el artículo 14 bis de la Constitución. La ley sarcásticamente denominada “Sistema integrado de pensiones. Solidaridad previsional”, dictada durante el primer gobierno de Carlos Menem, la hizo ilusoria supeditando la movilidad a la Ley de Presupuesto y a los puros vaivenes de la recaudación, que hizo puré con el engendro de las AFJP. El gobierno de Fernando de la Rúa cometió una tropelía mayor subvirtiendo el principio: redujo los haberes, una confiscación que tomó años comenzar a paliar. La Corte Suprema viene exigiendo a los otros poderes honrar ese principio. El Ejecutivo ha resuelto avanzar por ese camino con el proyecto de ley que envía al Parlamento. El Congreso deberá tratarla. Se empiezan a reparar violaciones flagrantes cometidas por los dos partidos mayoritarios y se hace por las vías institucionales adecuadas. No es la octava maravilla pero sí un (positivo) contraste absoluto con una trama que lleva añares.

El régimen se detalla en las notas principales de estas páginas, resaltemos apenas un dato. El sistema mixto para fijar los aumentos semestrales –aumento de los salarios combinado con el de recaudación previsional– busca custodiar la sustentabilidad sin descalzar a los trabajadores retirados (qué feo suena decirles “pasivos”) de la evolución de los que aportan al sistema.

Proyectar cuáles serán los primeros aumentos es un arcano. En oficinas oficiales se diagraman, a mano alzada, simulaciones que podrían arrimar el bochín sin dar certezas plenas. En cualquier caso, son cifras importantes que exigirán un esfuerzo fiscal enorme. Los detractores de la “caja” deberán poner sus barbas en remojo si quieren ser coherentes: para que el Estado honre sus deudas sociales no hay otro camino que sostener un alto nivel de carga impositiva, más allá de los pareceres de quienes propugnan políticas sociales dadivosas sin hacerse cargo de su financiación, que debe pesar sobre los que más tienen.

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La siesta interrupta: Diputados y senadores aprovechan las vacaciones de invierno, tras la batalla “del campo”. Más les vale recuperar fuerzas porque su futuro, da toda la impresión, será mucho más activo que en los últimos años. “Nuestro desafío –explicó la Presidenta a varios de sus funcionarios la semana pasada, tras la derrota en el Senado y la renuncia de Alberto Fernández– es mejorar la distribución del ingreso con pleno funcionamiento de las instituciones.” Bien leída, la frase alude al (registra el) advenimiento de una nueva etapa, diferente a la emergencia que lideró Néstor Kirchner. Lo hizo con más anuencias (expresas o tácitas) que las que le reconocen sus adversarios u otros protagonistas. Su decisionismo cuajó con las urgencias de una época. Superado el trance, los métodos caducaron en su eficiencia, así lo probó el conflicto que se fagocitó el primer semestre del año.

El régimen de jubilaciones móviles es un buen primer paso en ese rumbo. Numerosos legisladores, oficialistas y opositores, habían presentado proyectos al respecto, cajoneados por doquier. “Casas más, casas menos, se parecen al nuestro”, se pone optimista un alto funcionario implicado en la propuesta oficial, con memoria folclórica. El debate, de todas maneras, no será un paseo. El oficialismo y la oposición tienen una oportunidad de plasmar una ley con amplios consensos, que muestre que el Parlamento no es (sólo) un escenario de suma cero.

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Calendario de pagos: Por variados motivos, incluyendo la equidad y la necesidad de que tenga sentido el primer aumento que el proyecto prevé para marzo de 2009, el Gobierno debe contemplar una suba de las jubilaciones en los próximos meses. Seguramente llegará, alrededor de la primavera, cuando también se retocarán las asignaciones familiares. Nadie suelta prenda, en la Rosada y en Trabajo, acerca de cuáles serían los parámetros del incremento previsional. Tampoco se dedican a desperdigar información sobre las asignaciones familiares. Pero, por precedentes y por lo que se escucha poniendo la oreja en el piso, es una fija que, para las asignaciones, tratarán de repetir el esquema del año pasado, en el que la suba fue más importante para los trabajadores de menores ingresos.

Esos retoques tienen en mira una preocupación a plazo fijo. El Gobierno quiere desalentar la reapertura de las paritarias en 2008, así sea como tema de conversación. Inyectar ingresos en el bolsillo de los trabajadores con salarios más bajos es funcional a ese deseo.

El imaginario oficial no va más allá, pero los funcionarios más avezados avizoran que, si acceden a ese objetivo, su “premio” será tener vacaciones agitadas. Se huele en el aire: las convenciones del año entrante tenderían a adelantarse al, de ordinario quedo, mes de enero.

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Vaivenes: El oficialismo padeció una coalición-puzzle que se opuso a las retenciones móviles, acotando su capacidad recaudatoria. El horizonte más posible con las jubilaciones móviles es que muchos de ellos se tornen munificentes con los fondos del Estado sin siquiera ruborizarse. Bastiones legislativos y políticos del “Frente rural del rechazo” deberían mirarse al espejo pues fueron integrantes de gobiernos que esquilmaron a jubilados y pensionados. La nómina sería interminable, mencionemos como botones de muestra a Carlos Reutemann y Juan Schiaretti (por el menem-cavallismo) y a Patricia Bullrich y Gerardo Morales por la Alianza.

El funcionamiento real del sistema democrático tiene mucho de juego de roles, esas cosas pasan. Igual es elegante ponerles algún coto. Claro que, cuando los opositores tienen chances firmes de llegar a gobernar pronto, eso los incentiva para limitar su utopismo desde el llano. El punto es que, en la Argentina actual, entre la crisis de los partidos, el sistema D’Hont sobreabundan las fuerzas parlamentarias que no tienen perspectivas serias de gobernar.

El caso del gobernador cordobés justifica unas líneas más, delicadamente digresivas. No conforme con haber sido un partícipe calificado de los atropellos menemistas, en estas mismas horas impulsa en su provincia una ley para reducir las jubilaciones más altas. Se plantó frente a las retenciones y trascartón mocha haberes alimentarios. Es notable cómo fluctúa el criterio de ese estadista sobre lo que es confiscatorio. Como frutilla del postre, manda a la policía a apalear a trabajadores que manifiestan en repudio a su proyecto. De todo hay en las viñas del señor.

Fin de la digresión delicada.

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Perspectivas: Claro que hay protagonistas que sí tienen pergaminos para proponer más progresividad o más generosidad al proyecto oficial. Entre otros, es el caso de la diputada María América González de larga militancia en esa lid. A ella y a otros ocupantes de bancas menos coherentes se les abre la oportunidad de concretar una ley superadora, en un marco de jerarquía discursiva y técnica.

El reto de mejorar la distribución del ingreso y la calidad institucional (nada fácil de concretar con burguesías avaras y rapaces) no es monopolio del oficialismo. La necesidad de que, en algunos casos al menos, se voten leyes con mayorías amplias que sustenten su legitimidad y pervivencia ulterior, interpela a todo el sistema político. Vendría bien que el oficialismo ampliara sus límites, abriéndose a la escucha y a la negociación. Pero ese cambio imprescindible sólo será posible con una oposición que trascienda su confortable rol de telebeam. Y sería saludable que una ristra de diputados y senadores, antes de levantar el dedito, se hiciera cargo de las barbaridades cometidas cuando les cupo gobernar.

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