La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones intimó la semana pasada a Marsans a que presente a la Auditoría General de la Nación y al Tribunal de Tasación todos los datos requeridos por esas dependencias públicas para juzgar el cuadro económico y patrimonial de la privatizada y que el accionista privado presuntamente escatimaría. Este mismo cuerpo legislativo, de renovado protagonismo, recibió de Planificación un trabajo de aquel Tribunal, aunque muchos de sus miembros ayer todavía no habían analizado. Como fuere, en el Parlamento gana la idea de que la única vía de solución de este pleito es la expropiación, que no establece taxativamente pero propicia la ley reestatización sancionada. “El acta acuerdo es nula y el Estado no está en condiciones de pagar”, opina el radical Rubén Lanceta, uno de los opositores de la Comisión. “Marsans no puede poner ningún precio porque la empresa ha sido vaciada”, sentenció ayer el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales.