El Congreso se convertirá de ahora en más en el principal escenario de debate del proyecto del Gobierno, que vuelve a un único régimen solidario de jubilaciones. El oficialismo confía en obtener el número suficiente para aprobar la iniciativa remitida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A pesar del optimismo, los kirchneristas advierten sobre el poder de lobby de las AFJP. Concretamente temen que haya diputados susceptibles a influencias.

La discusión del proyecto de la Casa Rosada comenzará en Diputados. La inquietud de los K por la presión que puedan ejercer las empresas afectadas está alimentada por la sensación que varios miembros de ese bloque tienen de que durante el debate sobre las retenciones móviles pudo haber habido alguna suerte de contraprestación. En el oficialismo esperan que los bloques del SI y el socialismo acompañen la iniciativa. Los kirchneristas también tenían fe de que el radicalismo también la apoyara, aunque ayer el jefe del bloque de la UCR, Oscar Aguad, marcó una considerable distancia: declaró que el texto remitido por el Ejecutivo le parece “un disparate” y que si bien está “filosóficamente de acuerdo” con el proyecto, “tal como está redactado significa apoderarse del recurso de los jubilados a los efectos de financiar la fragilidad fiscal que tiene este gobierno”.

“Gerardo Morales tiene una posición más progresista. Ahuad, al ser presidente del bloque, complica y nos hace dudar de qué harán los radicales. Pero aún tengo confianza en que no van a traicionar su ideario”, señaló un diputado kirchnerista a PáginaI12.

En el bloque kirchnerista sabían de antemano que la Coalición Cívica y el PRO votarían en contra del proyecto. El rotundo rechazo que expresaron en distintas declaraciones dirigentes de ambas fuerzas confirmó que sus votos serán negativos.

En el oficialismo suponen que como mínimo habrá dos semanas de tratamiento intenso del proyecto antes de la votación. Por lo pronto, para el próximo martes está convocada una reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto. Para ese día fueron citados el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y del director de la Anses, Amado Boudou.

El miércoles de la semana que viene irán a exponer representantes de la Unión de AFJP y un día después están citados dirigentes de la CGT y de la CTA, así como también el ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino. La semana siguiente habrá sesiones de las comisiones con el propósito de redactar un dictamen. “En 15 o a lo sumo 20 días podemos estar votando”, evaluó el presidente del bloque oficialista Agustín Rossi. Como ocurrió con las retenciones móviles, el rosarino es el responsable de llevar a buen puerto el proyecto en la Cámara baja. En la Casa Rosada esperan que tenga el mismo desempeño que en aquella ocasión, aunque el proyecto luego haya naufragado en el Senado.

Uno de los cuestionamientos de la oposición es que los fondos que pasarán de las AFJP al Estado podrían ser usados para otros gastos y que los jubilados vean en peligro el cobro de lo que les corresponde, como ocurrió muchas veces en la historia argentina cuando el sistema era estatal y como ocurre ahora en manos privadas.

El bloque kirchnerista rechaza la posibilidad de incorporar al proyecto oficial una cláusula de intangibilidad de los fondos. “La intangibilidad es imposible, como lo es también ahora bajo la administración de las AFJP. No estamos hablando de fondos líquidos, sino de bonos o acciones que suben y bajan”, afirmó una alta fuente del Gobierno.

“Lo que no es cierto, como quieren hacer creen algunos dirigentes de la oposición, es que no va a haber control sobre esos fondos. Por empezar se va a crear un Consejo Asesor integrado por la UIA, la Asociación de Bancos, la CGT y la CTA. Por otra parte, se va a conformar una Comisión Bicameral de Control de Fondos de Seguridad Social. Y además ese dinero no va a ir a las cuentas generales o a un agujero negro, sino a un fondo específico, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional”, explicó el mismo funcionario.

Ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional ya tiene 20 mil millones de pesos depositados y fue creado a fines del año pasado, como lo ordenó la ley que abrió la opción para que los trabajadores puedan elegir entre el sistema privado y el estatal.