La Administración Federal de Ingresos Públicos comenzará a distribuir hoy el 30 por ciento de las retenciones sojeras entre la ciudad de Buenos Aires y las provincias que adhieran al régimen del Fondo Federal Solidario, a poner en marcha bajo el control de una flamante Unidad Ejecutora que integrarán los ministerios de Julio De Vido y Carlos Fernández, con la colaboración de la cartera política, comandada por Florencio Randazzo. La misión prioritaria de este cuerpo será velar porque ese dinero, masa estimada en unos 6500 millones de pesos anuales, sea efectivamente destinado al financiamiento de infraestructura, bajo la amenaza de excluir a la gobernación que no cumpla. Ni ese límite ni las incógnitas sobre el impacto global de ese régimen afecta el entusiasmo manifestado por varios gobernadores, que aceptaron el convite y ahora van por más.

La modalidad elegida para girar ese dinero es la de un fondo fiduciario que administrarán Economía y Planificación, a través de una cuenta en el Banco de la Nación Argentina. El dinero será liberado en la medida que las provincias formalicen la adhesión al régimen, lo que hoy supone un aliciente para las que ya lo hicieron: el pozo a repartir es más grande, y promete achicarse con el ingreso de nuevos interesados.

Mediante decretos y resoluciones, la Nación estableció un sistema de controles relacionados, cuyo objetivo prioritario es que los fondos no puedan ser desviados a la cobertura de gastos corrientes, por ejemplo al pago de sueldos. La Sindicatura General de la Nación y Planificación cuidarán que esto sea así; Interior atenderá que un tercio de la torta que recibe cada gobernación realmente llegue luego a los intendentes y Economía ordenará los giros. Semejante lupa, sin embargo, no inhibe a los gobernadores.

Entre los que dieron el consentimiento hay algunos críticos u opositores, como el catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral; el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, o el santafesino Hermes Binner. La nómina también incluye a varios justicialistas, aunque con diferencias de matices respecto de la Rosada. El tucumano José Alperovich fue el primero en dar el sí y Juan Carlos Schiaretti ya dispuso que gastará la porción que corresponda a Córdoba para apuntalar a los productores agropecuarios, no sólo por la vía de una mejora en la infraestructura rural, sino subsidiando la compra de maquinaria agrícola. El anzuelo resultó eficaz, ya que finalmente las provincias podrían utilizar el dinero para emprendimientos que hubiesen abortado o demorado si dependían sólo de la recaudación provincial, liberando con ello recursos para otros fines.

Hoy el presupuesto nacional para obra pública es generoso. Para el 2009 existe una previsión de 32 mil millones de pesos, que representan un aumento del 42 por ciento respecto de lo que se había asignado para todo el 2008. Más unos 20 mil millones para este año, de los cuales la mitad provendrán de la Anses, según el plan anunciado por Cristina Fernández de Kirchner a fines del año pasado. Pero la realidad es que la mayor parte de esos recursos hoy se transfieren a las provincias, que son finalmente las encargadas de ejecutar los emprendimientos y cuya principal fuente es el Tesoro Nacional, que se nutre de las retenciones.

Aunque reconocen que el nivel de ejecución de la obra pública fue “óptimo” hasta el primer bimestre de este año, los empresarios del rubro empezaron a poner en duda que esta bonanza continúe. Saben que si se empobrece la caja central, el Gobierno enfrentará el dilema de la frazada corta: se recorta la generosa partida para obras públicas o se economiza en otra área.