Las listas negras y grises publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) generaron un revuelo mundial. Además de Uruguay, los más expuestos fueron Costa Rica, Malasia y Filipinas, a los que se sumaron los 38 países de la lista gris, entre ellos Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Chile, Guatemala y Panamá. Desde Europa y América latina “deploraron” el procedimiento de la OCDE, pero todos los países implicados se apresuraron a comunicarle al organismo internacional que empezarían a colaborar con la información solicitada para salir los más rápido posible de las “listas”.

El gobierno suizo “deploró” que su país haya sido incluido en la lista gris de los paraísos fiscales. El presidente de la Confederación Suiza, Hans-Rudolf Merz, quien también es el ministro de Finanzas, criticó duramente el procedimiento de la OCDE y “los criterios que sirvieron para establecer la lista”. Suiza, que es considerada la primera plaza financiera para la gestión de capitales, se comprometió a reforzar el intercambio de información con otros países “caso por caso” y tras “pedidos concretos y justificados”.

Por su parte, el primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, calificó de “incomprensible” que su país fuera calificado paraíso fiscal. “Me parece que el tratamiento reservado a algunos Estados es un poco incomprensible. Observo que países como Estados Unidos no figuran en las listas de la OCDE”, arremetió Juncker. El funcionario ya había citado en el Parlamento europeo –durante la semana– a diferentes estados norteamericanos como Delaware, Wyoming y Nevada para ser incluidos dentro de las “listas”.

Del otro lado del globo, Guatemala solicitó rápidamente el apoyo técnico de la OCDE y las Naciones Unidas para armarse de mecanismos que ayuden al país a salir de la lista gris de paraísos fiscales. “Si el resultado de la evaluación lo sugiriera, se podría trabajar en una propuesta de adecuaciones legales o reglamentarias para el efectivo intercambio de información, la cual sería respaldada e impulsada por el Poder Ejecutivo”, afirmaron a través de un comunicado desde el Ministerio de Economía guatemalteco.

Desde Guatemala informaron que ese país cuenta desde 2006 con disposiciones legales que permiten intercambiar información tributaria con administraciones de otras jurisdicciones. “Además, en 2007, el Congreso aprobó el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica, documento que contiene una cláusula de intercambio de información y que está vigente”, se apresuraron a resaltar a través de un comunicado.

Dentro de los países marcados, Costa Rica fue uno de los más castigados por la OCDE, al ser incorporado en la lista negra al igual que Uruguay. Rápido de reflejos, el gobierno costarricense emprendió acciones de coordinación con la OCDE para salir de la lista negra de paraísos fiscales. El ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, se comunicó con la dirección del Centro de la OCDE para la Política y Administración Tributaria con el objetivo de “acordar los mecanismos que se deben seguir para que el país pueda ser excluido de esa lista”.

Zúñiga explicó –en un comunicado– que la Administración Tributaria sólo puede abrir las cuentas bancarias con la autorización de un juez. “La posibilidad de levantar el secreto bancario con fines tributarios se convertiría en una herramienta muy valiosa en nuestra lucha contra el fraude fiscal”, agregó el comunicado.