La Asignación Universal a la Niñez no sólo tiene un alto potencial en materia social, con fuerte impacto sobre la pobreza y la indigencia, sino que es una de las políticas económicas contracíclicas más relevantes que el Gobierno ha tomado desde el inicio de la crisis internacional. Los investigadores del Cifra (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), que coordina Eduardo Basualdo, indican que “frente a la falta de una política clara tendiente a garantizar la demanda agregada interna, el reciente decreto presidencial implica un cambio importante”. De este análisis se desprende la posibilidad (y necesariedad) de conjugar la equidad social con el crecimiento económico. Objetivos que, lejos de contraponerse, pueden realimentarse.

Para los investigadores Nicolás Arceo, Mariana González y Nuria Mendizábal, autores del segundo informe de coyuntura del Cifra, la crisis internacional se montó sobre una dinámica de desaceleración que ya se venía manifestando desde 2007. Esta se asocia principalmente a la pérdida de competitividad por la apreciación real del peso. Las falencias del “modelo” basado en el tipo de cambio se hicieron manifiestas al tener que priorizar la política de contención de precios frente al mantenimiento del valor real de la moneda. Una consecuencia de esto fue que “los sectores productores de servicios pasaron a liderar el crecimiento económico”.

A esto se sumó la crisis internacional, cuya vía de entrada fue el canal comercial. La baja en las exportaciones y el efecto negativo en la actividad interna presionaron a una merma aún mayor en las importaciones, aunque esta última también motivada por las restricciones que aplica el Ministerio de Industria y Turismo. El informe del Cifra destaca al consumo y la inversión privada como los componentes más perjudicados de la demanda agregada. En cambio, “el nivel de consumo público continuó expandiéndose al mismo ritmo que en los años de fuerte crecimiento”, indican.

El mantenimiento del gasto público supone el abandono de parte del Gobierno de las clásicas políticas recesivas frente a las crisis que, lejos de sanear las cuentas públicas, genera consecuencias desastrosas en las condiciones de vida. Pero también indica la falta de un impulso contracíclico superador. “Ante el escenario recesivo, el gobierno nacional no había llevado adelante, hasta el momento, una política clara tendiente a garantizar la demanda agregada interna ni a asegurar la competitividad externa de los sectores productores de bienes”, explican los investigadores. “El decreto sobre universalización de las asignaciones familiares implica un cambio importante en este sentido, por su potencial efecto positivo sobre la demanda”, agregan.

Es que, más allá de combatir la pobreza y la indigencia de forma directa, la transferencia de ingresos hacia los sectores más desprotegidos implica un fuerte impulso al consumo. Esto genera, a su vez, efectos multiplicadores positivos. Por ello, esta política supone la conjugación de objetivos en principio distintos, pero altamente relacionados, como es la mejora en las condiciones de vida de los que menos tienen junto al crecimiento global de la economía. “Es la medida de política social más importante de la última década y tendrá impacto significativo sobre la indigencia”, agregó a Página/12 Arceo.

Por el lado de la política industrial, la revaluación del real, sumada al proceso de devaluación paulatina registrada desde principios de año, ha mejorado la competitividad. “Con un carácter coyuntural, las licencias no automáticas son otro paliativo frente a la pérdida de competitividad”, indicó Arceo.

Informe: Javier Lewkowicz.