Richard Stallman es uno de los referentes del movimiento de software libre. La semana pasada estuvo en la Argentina para participar de un debate en la Cámara de Diputados sobre un proyecto de Eduardo Macaluse (SI) para impulsar el software libre en la administración pública. En una entrevista con Página/12, Stallman habló del plan de netbooks anunciado por el Gobierno: “Ningún programa educativo debería estar monopolizado por el software de una empresa privada”, afirmó el programador estadounidense.

–¿Cómo deberían ser las computadoras educativas?

–Ante todo, la educación tiene una función social. Eso es lo que debería transmitir cualquier programa educativo basado en las nuevas tecnologías. Si un Estado permite la inclusión y la penetración de software privativo –como el caso de Microsoft y su sistema operativo Windows– está entregando el futuro de la educación a los planteos ideológicos de una empresa privada. El software libre aboga para que cada usuario pueda ser partícipe central en su desarrollo tecnológico.

–El proyecto OLPC tenía esta concepción. ¿Por qué no pudo profundizarse?

–Todo empezó a cambiar cuando la iniciativa de Negroponte comenzó a ser permeable a los argumentos de Microsoft (e Intel). Tengo entendido que el proyecto que se anunció en este país incluiría tanto Windows como software libre. Esto supondría cierta idea de neutralidad tecnológica, que desde un punto de vista estrictamente técnico es algo positivo. Sin embargo no lo es desde un punto de vista ético. Es una posición ética rechazar el uso de software privativo para la educación.

–¿Qué ocurre en otros países de la región, tanto en sus programas educativos como en la inserción de software libre en la administración pública?

–El Plan Ceibal de Uruguay está basado en software libre, pero ahora hay un distrito que está realizando una prueba piloto con Windows. En relación con las distintas dependencias del Estado, existe la intención de migrar a software libre, tal cual está impulsando Brasil. En Ecuador todas las agencias públicas están migrando a software libre y si algún sector del Gobierno quiere usar Windows, tiene que pedir un permiso con carácter de excepcionalidad. Un Estado no puede quedar sujeto a las disposiciones que una empresa privada fija para interactuar con la tecnología.