–¿Por qué el Gobierno impulsó la intervención judicial de Papel Prensa?

–En noviembre del año pasado, la CNV declaró la irregularidad de una reunión de directorio donde se había alterado el orden del día, además de contar con la presencia de autoridades que no estaban formalmente designadas y que terminaron aprobando balances de la compañía. Por eso se inició un sumario administrativo. Hay que destacar que este tipo de procedimientos también se aplicaron en otras empresas, como TGN. Las decisiones que adoptó la CNV fueron respaldadas por todas las áreas técnicas del organismo. A pesar de nuestra resolución, la empresa no adoptó ninguna de nuestras recomendaciones. Eso motivó a que nos presentáramos ante el juzgado correspondiente para pedir la intervención. Y la Justicia nos dio la razón.

–La semana pasada hubo un fallo que contradice lo actuado por la CNV.

–Vamos a apelar y plantear un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. No comparto los términos de este fallo, ya que se dice que la comisión no respetó el derecho de defensa y lo cierto es que siempre que hemos dictado una medida, hicimos partícipe a la Justicia. Además, en la instancia de los sumarios, las partes pudieron presentar sus correspondientes descargos. Sin embargo, lo que más nos preocupa de este fallo es que no se reconozca que la CNV tiene la obligación de ejercer un control societario.

–La CNV también denunció que tanto Jorge Mitre (La Nación) como Jorge Carlos Rendo (Clarín) ocuparon alternativamente los cargos de directores y síndicos, es decir que se controlaban a sí mismo. ¿Qué puede ocurrir con las decisiones que hayan tomado si llegara a comprobarse la incompatibilidad de cargos?

–De comprobarse estas irregularidades, habría que anular sus decisiones, como los balances aprobados en los sucesivos años. Nuestro objetivo es asegurar la independencia de criterio de quienes cumplen la tarea de contralor de la actividad societaria, vedando esa función a los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad. También hay que remarcar que esta investigación surgió luego de una denuncia de la Sigen.

–Hace dos semanas renunció el interventor judicial en Papel Prensa, Carlos Bianchi. Osvaldo Papaleo, hermano de Lilia Papaleo de Graiver, ex propietaria de la compañía, aseguró que Bianchi terminó respondiendo a los intereses de Clarín. ¿Por qué renunció y cómo evalúa su gestión?

–Bianchi, además de ser interventor judicial, ocupaba el lugar de coadministrador, tenía voz y voto en el directorio. Sería bueno que se clarificaran cuáles fueron sus decisiones, ya que hubo fuertes cuestionamientos desde el Ejecutivo sobre la ecuanimidad de Bianchi. Esto se planteó varias veces en el juzgado que estableció la intervención. Ahora está en trámite la designación de un nuevo coadministrador, esperemos que en esta oportunidad sí vele por el interés público.

–El secretario de Comercio interior, Guillermo Moreno, impulsó una investigación para determinar cómo fue “vendida” Papel Prensa a Clarín y La Nación en plena dictadura militar. ¿Aportaron información desde la CNV?

–En la CNV encontramos documentos que demuestran que hubo personal del organismo que tuvo injerencia dentro de Papel Prensa entre 1976 y 1977, y que aparecen denunciados en el libro Nunca Más. Era personal que respondía a la dictadura. No voy a dar los nombres, pero esa información ya está en poder del juez Rafecas –que entiende en la causa de José Alfredo Martínez de Hoz– y del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.