La gradualidad de su aplicación. En una primera etapa, la obligación de distribución de utilidades sería sólo para aquellas firmas con una nómina de personal superior a 300 empleados. Pero también se incluirían otras firmas, como las del rubro tecnológico que, a pesar de trabajar con planteles reducidos, por su volumen de facturación son grandes firmas.

La porción de las utilidades anuales que se distribuirían se calculará a partir de las ganancias netas, después de descontar el impuesto a las Ganancias e, incluso, la parte de la renta empresaria que se aplique a reinversiones (o capitalización). El proyecto también destina un porcentaje de las utilidades netas a un fondo solidario a crearse, que financiará programas de ayuda a desocupados y trabajadores precarizados. La ganancia excedente sobre dichos conceptos se distribuiría entre accionistas y trabajadores.

Una de las versiones del anteproyecto plantea que la proporción a distribuir sería el 10 por ciento de las ganancias netas de la empresa: 8 por ciento a favor directamente de los empleados y el 2 por ciento restante para el fondo solidario.

El pago por distribución de ganancias adoptaría la forma de bono anual y no se computaría como ingreso gravado por el impuesto a las Ganancias. Es decir, recibiría el mismo tratamiento que las utilidades recibidas por los accionistas.

El anteproyecto reconoce expresamente haber tomado como modelo las normas vigentes en México, según las cuales todas las empresas que cotizan en el mercado bursátil están obligadas a repartir el 10 por ciento de las ganancias contables con sus trabajadores. Se lo denomina sistema de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). En varios países de Europa también se aplican normas de redistribución de las ganancias empresarias (Alemania y Francia, entre ellos).

También hay antecedentes locales, como la cláusula de distribución de ganancias en el convenio entre la empresa Firestone y el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático (Sutna), firmado en 2002.