Desde Santiago

El eje de la reunión regional americana de la Organización Internacional del Trabajo es la revisión de los avances y retrocesos en la agenda hemisférica de trabajo decente 2006-2015. A pesar de tratarse de un encuentro que reúne a más de 35 países desde Canadá hasta Chile, los aspectos centrales del debate entre las partes presentan un panorama similar al registrado en la Argentina en el discurso de empresarios, gobierno y sindicatos. Los primeros reclaman –a pesar de sus abultados niveles de rentabilidad– mayor “seguridad jurídica”, los ministerios de Trabajo buscan legitimar o consolidar sus variadas combinaciones de políticas de empleo. Mientras tanto, los trabajadores están preocupados porque en los ámbitos de debate global el empleo está siendo desplazado, dando lugar a políticas de ajuste y flexibilización laboral. En ese sentido, los sindicalistas latinoamericanos pretenden aumentar la cobertura de las negociaciones colectivas y buscan incrementar sus grados de representatividad.

La génesis de la agenda del encuentro que hoy terminará en Santiago de Chile se remonta a la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, a fines de 2005. Además de clausurar la puerta al ALCA, ese evento significó un cambio en el discurso con respecto al mercado de trabajo. El título de la Cumbre fue precisamente “Crear empleo para erradicar la pobreza y garantizar la gobernabilidad democrática”. Meses después, a mediados de 2006, la OIT celebró la anterior reunión regional americana en Brasilia, donde se establecieron las pautas de la agenda hemisférica regional con objetivos de empleo decente, reducción de la informalidad, inclusión a mujeres y jóvenes, así como de reducción de la pobreza. En esa secuencia se inserta la Reunión Regional que concluye hoy. A pesar del cambio en el discurso, los mecanismos que pretenden aplicar cada uno de los sectores que compone el organismo tripartito suelen ser opuestos. Aunque persisten algunas intervenciones de matriz neoliberal en algunos gobiernos –proponen ajustes y flexibilización o defienden la teoría del derrame–, el objetivo central del documento que resultará del encuentro apunta a continuar legitimando las políticas de empleo de los últimos años y fortalecer aquellos procesos que encuentran más dificultades para avanzar en ese camino. Por eso algunos países enfatizan la necesidad de fortalecer institucionalmente los ministerios de Trabajo para elevar las políticas de empleo al mismo nivel que la fiscal, monetaria y cambiaria.

En tanto, los sindicatos defienden las políticas activas estatales dedicadas a la protección de los trabajadores y reclaman el respeto a la libertad sindical y la expansión de las negociaciones colectivas por sector en lugar de por empresa. En ese aspecto, la Argentina, Brasil y Uruguay están un paso adelante.

Por su parte, los empresarios –encabezados por el presidente de la Copal de la Argentina, Daniel Funes de Rioja– advierten sobre “violaciones al derecho de la propiedad” y la necesidad de un marco de seguridad jurídica que garantice empresas sustentables. Uno de los exponentes de ese discurso es el brasileño Dagoberto Lima Godoy, consultor de la poderosa Confederación Nacional de Industrias: “En gran parte de América latina, el entorno no es favorable para las empresas sustentables y momentáneamente está siendo amenazado el derecho de propiedad”, comentó a Página/12 el brasileño.

Finalmente están los funcionarios de la OIT, quienes deben mantener un delicado equilibrio entre las posiciones empresarias, gubernamentales y trabajadoras. Las dificultades de esa situación quedan en evidencia en las intervenciones de sus especialistas, donde intentan conjugar el reclamo empresario para asociar salarios y productividad o defender la propiedad privada, los cuestionamientos de los gremios sobre las bajas tasas de sindicalización como limitante a la hora de negociar salarios o la necesidad de los gobiernos para encontrar respaldo a sus políticas, ya sean de protección del empleo o ajuste. Sin embargo, todos coinciden en remarcar el cambio de discurso y enfoque referido al mercado de trabajo con respecto a las políticas dominantes.