“El decreto está vigente, se tiene que aplicar. El Estado quiere participar en el directorio, sugerir inversiones y contribuir para que le vaya bien a cada empresa”, sostuvo ayer el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio. Las declaraciones del funcionario coincidieron con la presentación judicial al fuero comercial que realizó ayer el organismo para solicitar la impugnación de la última asamblea de accionistas de la empresa del Grupo Techint, Siderar. A su vez, la ministra de Industria, Débora Giorgi, cuestionó el rechazo de algunas empresas a reconocer la totalidad de la participación accionaria que posee el sector público. “Quieren que el Estado siga siendo el socio bobo”, cuestionó.

En la inauguración de dos empresas en Berazategui, Giorgi recordó que la Anses no sólo defiende los recursos de la seguridad social sino que también vuelca una porción de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones a proyectos productivos. “El Estado le otorga a esos fondos objetivos muy distintos a los que tenían cuando los controlaban las AFJP, que los administraban a tasas usurarias”, apuntó Giorgi. En tanto, el canciller Héctor Timerman precisó que ninguna empresa brasileña, como el Banco Patagonia que celebrará su asamblea de accionistas la próxima semana, cuestionó el DNU 441. “Si una empresa acepta plata y vende acciones no puede negar el derecho societario a ejercerlo después. Me parece ridículo: es como vender una casa pero no permitir que el que la compra la habite”, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el titular de la Anses reiteró que el Estado, como accionista minoritario, “quiere participar en el directorio, participar en la formulación de las políticas de honorarios, de reparto de dividendos, sugerir inversiones y contribuir a que le vaya bien a cada empresa, porque ello sube el valor de las acciones e incrementa los recursos del FGS”.

El director ejecutivo de la Anses señaló que más allá de los 1500 millones de pesos que Siderar propuso distribuir en la frustrada asamblea de la semana pasada, existen 6500 millones depositados en un fondo de reserva sobre los que la empresa no realiza ninguna precisión. “No nos oponemos a que Siderar distribuya beneficios sino a que no se cumpla la ley, que establece la obligación de explicarle a los accionistas qué harán con esos recursos, y en este caso una parte de ellos es de todos los argentinos”, apuntó Bossio.