Aníbal Fernández es el responsable de la alquimia económica con la que el Gobierno intentaría paliar la falta de recursos presupuestarios para costear obras ferroviarias. Según planea la Secretaría de Transporte, el conjunto de adjudicatarios privados podría disponer este año de 100 millones de pesos –en lugar de los escasos 20 que prevé el Presupuesto– para invertir en las líneas urbanas.
Este incremento podría lograrse sin subir las tarifas y sin que las empresas hagan ningún aporte propio sino sólo “ordenando” de otro modo fondos que hoy existen:
1) Gracias a un sistema promovido por el secretario Guillermo López del Punta, TBA, Trenes Metropolitanos, Ferrovías y Metrovías cobran desde hace meses un subsidio de un fondo integrado por el impuesto al gasoil. De esta partida –el año pasado sumó 90 millones para todas las líneas–, Transporte habría “reservado” unos 20 que ahora está dispuesta a destinar a obra.
2) Por una resolución a punto de firmarse, las empresas tendrán que cederle al Estado la administración de una cuenta fiduciaria que hasta ahora manejan a su arbitrio. Por cada pasaje vendido, 10 centavos se derivan allí con la obligación de que las adjudicatarias los destinen a obra. Se trata de unos 70 millones anuales.
De concretarse este proyecto, la red de trenes de pasajeros dispondría de la mitad de lo estimado imprescindible para que los rieles sean soportes seguros y los viajeros tengan las mínimas condiciones de confort. Pero, quizás, habría algo más de claridad en el manejo de recursos millonarios que funcionarios y empresarios manejan con gran discrecionalidad.