“El nuevo estatuto del peón rural amplía y consolida los derechos de los trabajadores, los vacíos legales de la legislación vigente permitían que los empleadores hicieran cualquier cosa en materia de condiciones laborales”, explicó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El funcionario destacó la relevancia de los cambios para los asalariados rurales pero consideró que, después de 30 años de “desprotección”, la implementación de los cambios será lenta. A pesar de los cuestionamientos de las cámaras patronales y la Uatre, Tomada reivindicó la decisión de reemplazar el Renatre, el registro de los trabajadores rurales administrado por el sindicato que conduce Gerónimo Venegas y los empresarios del sector, por un organismo estatal. “En sus 10 años de funcionamiento a cargo de la Uatre y las patronales, el Renatre tuvo escasos resultados, no movió el amperímetro del trabajo no registrado que asciende al 62 por ciento y en algunos casos llega al 85 por ciento”, aseveró el ministro.

–¿Por qué es necesario un nuevo marco regulatorio para el trabajo rural?

–La ley que estaba vigente era de 1980 y tenía la firma de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. Era una legislación funcional a los intereses de las patronales rurales. La ausencia de condiciones de trabajo mínimas permitía que se llevaran a cabo todo tipo de abusos, como se observó en los distintos episodios de reducción a la servidumbre y condiciones de empleo infrahumanas detectadas a comienzos de año. Esos vacíos legales limitaban la capacidad de intervención del Estado en una actividad que abarca a un amplio grupo de trabajadores permanentes, migrantes y temporales.

–¿Cuántos trabajadores serán alcanzados por la legislación?

–En Argentina hay alrededor de 900.000 trabajadores rurales. Son un colectivo importante donde se registran niveles de trabajo no registrado al ascender al 62 por ciento, cuando la media nacional es 34,3 por ciento, y en algunas regiones la precariedad llega al 85 por ciento de los asalariados. Parece mentira que una actividad con niveles de rentabilidad elevados exhiba esos atrasos. Los empleadores tendrán que buscar nuevas formas de organizar la producción porque la rebaja de condiciones laborales como vía para mejorar la competitividad fracasó. Las nuevas condiciones no implican de-sequilibrios económicos imposibles de cumplir. En todo caso, en el sector de las pequeñas empresas buscaremos los mecanismos para facilitar el progresivo traspaso a la formalidad, pero esa es una lucha que estamos dando en todas las actividades económicas.

–¿Qué cambiará en las condiciones de trabajo de los peones rurales?

–La nueva legislación establece derechos individuales, colectivos y condiciones de trabajo. Son avances sustantivos que hacen a la mejora de la calidad de vida. Se establece la jornada de 8 horas diarias y el esquema de horas extra. Eso no figuraba en la norma anterior y estaba vigente el principio de trabajo de sol a sol. No había horarios establecidos. Pero no sólo se fijan las 8 horas sino que se establecen las 44 horas de trabajo semanales de lunes a sábado, recuperando el descanso semanal. Además, se disponen normas muy precisas sobre las condiciones del hábitat y alojamiento de los trabajadores, aspectos vinculados con la alimentación, el traslado y el acceso a la información, entre otros aspectos. En esas áreas, cualquier medida que quisieran disponer los empleadores era válida. La norma establece derechos colectivos que los trabajadores rurales tenían restringidos. No tenían derecho de huelga y ahora se establece claramente. No tenían negociación colectiva paritaria entre patronales y sindicato. Acá se da un paso concreto y definitivo reconociendo ese instrumento. También se creó una oficina pública de empleo por donde va a pasar todo contrato de trabajo temporario que será un instrumento central para controlar el empleo no registrado.

–El titular de la Uatre, Gerónimo Venegas, consideró que se trata de una “ley malintencionada porque destruye al gremio del trabajador rural”.

–Esta ley forma parte de un grupo de tres proyectos que la Presidenta envió al Congreso para resolver el problema de tres colectivos con altos niveles de precariedad laboral como son el rural, los trabajadores de casas particulares y el empleo a domicilio. No se envió sólo buscando efectos políticos, como plantea Venegas. Nadie conoce quiénes son los secretarios generales de los colectivos comprendidos por las otras dos leyes. Esta ley va a dejar una marca histórica, es la recuperación de los derechos de los trabajadores rurales, pero también es un hito para el resto de los colectivos precarizados. El objetivo de las iniciativas es restituir derechos laborales, en el sector rural son normas que incluso la Uatre propuso en algún momento. Pero además hay que saber que en el medio agrario intervienen diversos sindicatos, muchos de los cuales serán aliados para asegurar el cumplimiento de la ley.

–Los diputados vinculados a la conducción de la CGT no apoyaron la medida y se ausentaron de la votación.

–Me resulta difícil entender por qué los diputados de origen sindical no votaron una ley que amplía y consolida los derechos de los trabajadores.

---