El ministro de Justicia, Julio Alak, defendió ayer ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado los dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Una de las iniciativas prevé duplicar las penas en caso de que un juez considere que un delito esté vinculado con actividades terroristas, lo que –según especialistas– podría derivar en la criminalización de la protesta social. Alak señaló que la medida busca “adecuar la legislación argentina a los estándares internacionales” y reiteró que la calificación de terrorismo “no debe generar temor”. “Está muy claro que no deben ser criminalizadas las protestas sociales”, insistió. La definición de terrorismo en el proyecto está caracterizada como todo acto con “finalidad de aterrorizar a la población” o que tenga como fin “obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. “No será la primera ni la última modificación”, explicó Alak, quien añadió: “Ni la ONU pudo caracterizar fehacientemente qué es terrorismo”, por lo que consideró “lógico que este punto genere discusión y preocupación”.