“Ustedes saben que a partir de la reforma del ’94, los propietarios de los yacimientos son, precisamente, las provincias. Que eso también es bueno que lo tengan en claro todas las empresas petroleras: que el subsuelo es de los argentinos y que está concesionado y que, por lo tanto, no podemos volver a las épocas del Virreinato, donde se llevaban todo, el oro y la plata, y no dejaban nada. Creo que es bueno que se notifiquen que han pasado esas épocas y que es necesario reinvertir en el país y que, además, el tema del costo del combustible debe ser costo argentino y no costo internacional, porque los costos de producción son costos de la Argentina.” Tras su aparición pública, luego de veinte días de licencia, Cristina Fernández de Kirchner habló públicamente sobre la situación de las petroleras. De esa forma, le dio marco a un debate que comenzó a darse en diferentes áreas. ¿Qué hacer con YPF?

Para el diputado Edgardo Depetri (FpV), esas palabras “legitimaron un debate que apunta a definir una posible recuperación del control de los hidrocarburos. Ahí existen diferentes escenarios, no necesariamente tiene que ser la estatización. Puede ser una empresa mixta, o una compañía con la participación de las provincias, por ejemplo”, sostuvo el legislador en diálogo con Página/12 y agregó que si bien no hay una discusión orgánica dentro del FpV sobre este tema, sí hay un debate abierto.

El control de los recursos por parte del Estado nacional tendría que sortear un primer escollo. En la reforma constitucional de 1994 se dispuso que los dueños del subsuelo del territorio con sus recursos eran los gobiernos provinciales. Luego, en 2003, Néstor Kirchner promulgó el decreto 546, con el que estableció que las nuevas concesiones de hidrocarburos serían fijadas por las provincias. El Estado nacional sólo manejaría las concesiones vigentes hasta ese momento, hasta que fue sancionada la llamada “ley corta”. Con esa normativa, se reglamentó por ley el mandato de la constitución de 1994. “Las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios”, reza el texto de la Ley 26.197.

En la reforma constitucional de 1949, bajo el gobierno de Juan Perón, había quedado establecido que “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”. Así se mantuvo invariable hasta la reforma del Pacto de Olivos. “Se podría pensar en una reforma constitucional que vuelva a colocar al Estado Nacional como único responsable de los recursos nacionales. En Brasil, los recursos son propiedad del Estado Federal. Una vez que el Estado vuelva a hacerse cargo de los hidrocarburos, habría que crear un Ente Unico que administre esos recursos y que fije la política energética. Recién ahí podríamos pensar qué instrumento utilizar para mejorar el mercado de los hidrocarburos”, explicó Víctor Bronstein, especialista en temas energéticos.

Para este analista, lo primero sería definir una nueva política energética, a partir de la creación de una agencia nacional. “Una vez logrado esto podríamos pensar en la recuperación de YPF, o a través de Enarsa u otra compañía”, agregó Bronstein.

Según indicó a este diario un ex director del Estado dentro de YPF, durante el gobierno de Néstor Kirchner se había elevado una propuesta para capitalizar a Enarsa y que tuviera una mayor participación dentro del mercado de la exploración. “Las concesiones están por vencer dentro de cuatro o cinco años. La propuesta consistía en que si los actuales concesionarios querían renovar sus licencias, el 50 por ciento de las ganancias de esa explotación quedaría para la provincia (pero con una mayor participación del Estado nacional vía Enarsa). Y si no querían renovar, el Estado se haría cargo del 100 por ciento del yacimiento. Lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo producto de la oposición de varios gobernadores”, indicó a este diario el ex director por el Estado.