La privatización de Aerolíneas Argentinas es un caso emblemático de vaciamiento. Primero Iberia y luego Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata, del Grupo Marsans, provocaron en la línea de bandera un deterioro impactante. En 2008, Aerolíneas fue estatizada, frente al incumplimiento en el pago de salarios y a los proveedores y ante la amenaza de desaparición.

En 1990 la empresa tenía 28 aviones propios y uno alquilado. En 2008, sólo dos aviones propios de alcance internacional y un puñado para cabotaje y 30 alquilados. Las oficinas de Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas pasaron a manos españolas. La empresa contaba con tres simuladores de vuelo que eran usados para la capacitación del personal; era la única de América latina con esa tecnología. Se entregaron todos, al igual que las valiosas rutas a Holanda, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza, y las combinaciones a París, Londres y Frankfurt, la red de procesamiento de datos y el sistema de reservas, a favor de Iberia.

En 2008, Aerolíneas registraba un patrimonio negativo de 2500 millones de pesos y un pasivo de 890 millones de dólares. La flota era la más antigua de la región. Marsans ejecutaba el denominado “canibalismo”, al utilizar repuestos de aeronaves en tierra para poner en condiciones otros aviones. Como la flota era alquilada, generaba un incumplimiento contractual con los prestamistas. “Díaz Ferrán y Mata defraudaron a toda la industria aerocomercial”, coinciden fuentes de la actual gestión.

La venta de Aerolíneas Argentinas es considerada una de las más ruinosas privatizaciones del gobierno de Carlos Menem. En 1990 se vendió la empresa a la estatal española Iberia. Como sucedió en la mayoría de las privatizaciones, el Estado nacional absorbió, antes del traspaso, las deudas de la compañía, que ascendían a 868 millones de dólares. Los españoles pagaron sólo 260 millones de dólares en efectivo, que obtuvieron con endeudamiento que se cargó luego a Aerolíneas, y 1610 millones en títulos públicos. El “pago” a cambio de la deuda fue una política impulsada por los organismos de crédito a través del Plan Brady.

En 1994, el gobierno argentino entregó a su par español, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la “acción de oro” de Aerolíneas, que permitía fiscalizar decisiones estratégicas y la venta de activos. Los españoles vendieron oficinas comerciales en el país y en el exterior, los simuladores de vuelo y las 28 aeronaves que conformaban la flota. Desmantelaron talleres y levantaron decenas de rutas y escalas.

En 2000 se declararon en convocatoria de acreedores, y en octubre de 2001 el gobierno ibérico regaló Aerolíneas al Grupo Marsans. Desembolsó, además, 750 millones de dólares que se debían destinar al armado de un plan de negocios y pagar deudas anteriores. Marsans utilizó ese dinero para hacer crecer otras empresas del grupo. El titular de Aerolíneas Argentinas y de la empresa Air Comet, a cargo de Aerolíneas y Austral, era Antonio Mata, quien está acusado de defraudar al Estado nacional por el vaciamiento y también enfrenta un proceso en la Justicia de su país. Además, era el dueño del diario Crítica, que quebró en 2010.

Air Comet tenía en 2001 menos de cinco años de existencia y se limitaba a la operación de vuelos charter al Caribe, Sudamérica y las Islas Canarias, es decir que no operaba vuelos comerciales regulares. “Air Comet se equipó a través de las empresas del Grupo Aerolíneas, obteniendo de ese modo un verdadero enriquecimiento ilícito. Se basaron en los negocios de las empresas del Grupo Aerolíneas para apalancar el crecimiento de unidades de negocios distintas, como Air Comet Europa, Air Comet Chile, Marsans Internacional Argentina y Marsans Internacional Chile”, explicó el gobierno nacional en un trabajo que se presentó ante el Ciadi, donde Marsans demandó al país. “Una vez que vieron agotado su modelo de apropiación y desvío de recursos propios de las empresas del Grupo Aerolíneas, las abandonaron a su suerte en forma absolutamente irresponsable e inaceptable”, completa ese documento. Sobre el final, Marsans dejó de pagar sueldos, la nafta y las tasas aeroportuarias.

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