Alejandro Otero, economista (Frente Grande)

“Acuerdo tripartito”

Hoy sobre los precios inciden cosas tan distintas como, por ejemplo, la situación internacional de los alimentos, las subas brutales de tarifas públicas del macrismo (subtes, ABL, peajes y otros) y las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio. Pero, a mi modo de ver, hay dos factores clave a considerar como problema: la concentración económica y los insuficientes niveles de inversión privada en un contexto de buenos resultados económicos. Es sobre estas dos cuestiones que conviene actuar. A largo plazo la única respuesta efectiva en una economía de mercado es mejorar los niveles de productividad de las empresas sin deteriorar la calidad de vida de la población.

Con muy buen criterio, la presidenta CFK ha tomado el toro por las astas y ha reforzado la política de acuerdos de precios con el necesario compromiso de los consumidores a no validar los aumentos abusivos. De paso, echó por tierra los reproches y críticas de la oposición acerca de que el Gobierno no reconoce o niega la inflación.

Ahora, en el corto plazo, ¿es posible hacer algo más efectivo aun que los acuerdos de precios y el compromiso de los consumidores?

Sí. Hay que democratizar la formación de precios de la canasta básica. Profundizar la política de acuerdos de precios que se implementó en los últimos años. Soy partidario de establecer una ventana de negociación popular. Esto implica mantener la situación por 6 meses y, en ese lapso, generar los acuerdos de producción, inversión, salarios, precios, política fiscal y tecnológica para los próximos tres años. En una mesa tripartita entre el Estado, las empresas y los sindicatos que permita romper los nudos de concentración abusiva al interior de las cadenas de valor sectorial. La democratización del proceso de formación de precios implica compromisos trienales compartidos, acompañados de un fuerte control estatal y ciudadano y combinado con políticas directas de distribución de alimentos y bienes básicos a los sectores más necesitados.

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Miguel A. Calvete, (Fed. Supermerc. Chinos)

“Ley antimonopolio”

Las 26 cámaras que agrupan a 10.768 puestos de venta de residentes chinos en todo el país hemos adherido al acuerdo porque no renegamos de este tipo de herramientas y, de hecho, las hemos impulsado desde 2005. Pero también creemos, y así lo expresamos, que deben ser convocados los distribuidores y mayoristas, que conforman la logística de abastecimiento del sector.

Necesitamos que todos los involucrados en la comercialización se comprometan. Todos somos, en mayor o menor medida, formadores de precios, aunque con distinto grado de responsabilidad. Los supermercados chinos representan hoy el 21 por ciento de las ventas de artículos de consumo masivo, el 34 por ciento está en manos de los supermercados medianos. El restante 45 por ciento corresponde a las cadenas de hipermercados. La gran diferencia es que éstos son unos pocos y los comercios de residentes chinos son más de 10 mil, la concentración de unos frente a la atomización de los otros.

Lo mismo pasa en la producción. El 80 por ciento de la venta de productos alimen- ticios está en manos de 24 empresas, la mayoría multinacionales. La enorme concentración de la oferta es innegable. Por eso, al mismo tiempo que se trabaja en un acuerdo sobre los precios, nosotros proponemos que se avance en una legislación que vaya a fondo para combatir el monopolio en productos básicos de consumo, que otorgue más posibilidades de participación en el mercado a las pequeñas y medianas empresas. No se necesita inventar nada: revisar y actualizar la legislación propia, y tomar los ejemplos de leyes existentes en Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea para adaptarlos.

Con respecto a los listados de precios al 1º de febrero, somos partidarios de que se conozcan, para dar mayor transparencia. Por lo menos, para los 400 artículos más vendidos. Las grandes cadenas tienen precios diferentes para un mismo artículo en diferentes sucursales: que los den a conocer.