El proyecto de ley para reabrir el canje de deuda obliga a quienes decidan participar a renunciar a todas las acciones judiciales iniciadas contra el país y desestimar futuros litigios por causa del default de 2001. Para garantizar el tratamiento equitativo con el 92,4 por ciento de los acreedores que ya reestructuraron su deuda, los términos y condiciones financieras no podrán ser mejores que las ofrecidas a los acreedores en la reestructuración de 2010. La iniciativa suspende la ley cerrojo para poder volver a realizar una oferta pero, como anticipó Página/12, la operatoria no tendrá una fecha de cierre predeterminada, como sucedió con las dos operaciones anteriores. Con esa decisión, se busca reforzar la señal de “buena voluntad” a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero también apunta a cubrir el hecho de que se desconocen los plazos del máximo tribunal de ese país. Las condiciones de los bonos serán similares a las de 2010.

La reapertura del canje fue anunciada el lunes pasado por el Gobierno como respuesta al revés judicial en la disputa con los fondos buitre. En diciembre, Argentina puso sobre la mesa la posibilidad de tomar esa medida y el viernes pasado la Cámara de Apelaciones desestimó la oferta. Sin embargo, el Gobierno decidió reforzar su apuesta judicial y ayer el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, presentaron el proyecto en el Senado. La medida no busca lograr que ingrese el 7,6 por ciento de los acreedores, en su mayoría buitres, que todavía no reestructuraron su deuda. Representa un gesto de “buena voluntad” hacia la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe decidir si acepta o no analizar la apelación que hará Argentina.

El proyecto reitera los argumentos legales presentados por el país ante la Justicia de Estados Unidos. “La política de Estado no es negar la deuda repudiándola, sino normalizar la deuda pendiente dentro de parámetros consistentes con el crecimiento nacional, con la buena fe y con lo dispuesto por las leyes”, sostiene la iniciativa. El texto que será tratado la próxima semana en la Cámara alta “prohíbe ofrecer a los tenedores de bonos que iniciaron acciones judiciales un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho”.

Las chances de que el máximo tribunal estadounidense acceda a analizar el caso son escasas. No obstante, en el equipo de Lorenzino entienden que mejoran sus posibilidades si, en el caso de aceptarlo, la Corte Suprema cuenta no con una “promesa”, sino con el canje abierto. La opción de ingresar permanecerá disponible de forma indefinida.

Ese aspecto apunta a cubrir el hecho de que se desconocen los plazos del máximo tribunal de ese país. En el equipo económico y el estudio de abogados Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, que representa al país, especulan que si la Corte rechaza analizar el caso se podría conocer su decisión durante el primer trimestre de 2014, mientras que si aceptan analizar el caso la definición se podría demorar hasta mediados de 2015.

El artículo 6 del proyecto de ley ofrece una alternativa para que los acreedores argentinos que todavía tengan bonos en default y se encuentren depositados en una cuenta judicial –por ejemplo: por estar embargados o en sucesión– puedan canjearlos por títulos Par en pesos. A menos que esos tenedores hayan manifestado en forma expresa su voluntad de no adherir sus títulos, quedarán reeemplazados por nuevos papeles que vencen en 2038. La aplicación de la cláusula no será automática, ya que depende de la decisión del juez que atienda cada causa.

El primer canje de 2005 finalizó con un nivel de adhesión del 76,15 por ciento. En 2010 se realizó una segunda operación, donde se sumaron acreedores institucionales norteamericanos, como el sindicato de docentes de ese país, y pequeños inversores italianos y japoneses, con lo que se alcanzó al 92,4 por ciento del total. El resto supone un valor nominal de 11.200 millones de dólares.