Después de que la AFIP denunciara a las cerealeras de eludir el pago de impuestos, la polémica entre el organismo y las empresas va en aumento. En diálogo con Página/12, Alberto Rodríguez, director ejecutivo de la cámara que agrupa a las acusadas, apuntó a Alberto Abad con que “dice mentiras”. “No mostró ninguna prueba”, descalificó. Por la noche, la AFIP ratificó su postura mediante una comunicación oficial. El organismo reiteró que en los cinco años que van desde 1997 al 2001, las cerealeras pagaron una cifra irrisoria en concepto del impuesto a las Ganancias: apenas el 0,08 por ciento de sus ingresos totales: 19 millones de dólares contra 400 millones que les hubiese correspondido.
La principal defensa de las cerealeras radica en que el año pasado abonaron, sólo por Ganancias, 150 millones de dólares. Cerca de Abad, en cambio, estiman que ese monto habría ascendido a unos 85 millones de dólares. El representante de las cerealeras dijo desconocer los montos pagados durante el período 1997-2001, utilizado por la AFIP en su denuncia. Pero estimó que los pagos “serían similares a los del año pasado”. Y añadió: “Este es uno de los sectores más controlados por la AFIP. En los últimos dos años tuvimos inspecciones permanentes. Además, todas nuestras operaciones se encuentran detalladas en la Secretaría de Agricultura y en la Aduana. Abad miente. De hecho, no presentó ninguna prueba de su denuncia”.
Al respecto, en la AFIP fueron categóricos: dijeron que si mostrasen los datos se quebraría el secreto fiscal al que obliga la ley.
El cruce entre las exportadoras y la AFIP comenzó cuando hace diez días, Página/12 informó que el Gobierno tenía sospechas sobre la conducta impositiva de las empresas. Abad hizo la denuncia pública sobre siete compañías el último martes. Entre las mayores cerealeras se encuentran conglomerados multinacionales como Cargill, Nidera, Dreyfus, Bunge y AGD.
Según la AFIP, existen maniobras de elusión impositiva a través de la triangulación de exportaciones. Se cree que se utilizaron empresas fantasma para subfacturar ventas. Para evitarlo, el Gobierno envió un paquete antievasión al Congreso.
Los empresarios afirman que acuerdan con los principales puntos del proyecto, con excepción del que establece al día del embarque como el que fija el precio de venta de la mercadería. Rodríguez afirmó que eso sería imposible porque la mayor parte de las operaciones en granos se pactan a futuro. Es decir, el precio se fija el día de la operación, aunque la venta se produzca tres meses después. “Cambiarlo sería introducir incertidumbre en el negocio. La empresa nunca sabría cuánto debe pagar de impuestos. El mercado de futuros opera de esta manera en todo el mundo”, aseguró el ejecutivo.
Para el Gobierno, en cambio, este punto sería importante ya que pondría coto a las operaciones con empresas vinculadas, sospechadas de ser instrumentos para que los grupos subfacturen sus exportaciones. En muchos casos, las vinculadas figuran como instaladas en un paraíso fiscal. Los empresarios niegan esta versión. Aseguran que las vinculadas sirven, entre otras cosas, para ingresar en algunos mercados “difíciles”, como China e Irán. Entre 60 y 70 por ciento de las ventas de granos se realiza a través de empresas vinculadas.
Mientras los empresarios se quejan de “hostigamiento”, en la AFIP aseguran que llegarán a fondo con la denuncia.