El acuerdo de precios incluye 100 artículos, y si se cuentan las distintas presentaciones y marcas de los mismos, se llega a 194 productos. Empezará a regir mañana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y se extenderá, hacia fines de enero –según espera el Gobierno–, a todo el país. No es un congelamiento, porque se contemplarán revisiones trimestrales de precios, que para los productos de verdulería serán más periódicas, atendiendo a la alta estacionalidad. Los precios de la lista serán idénticos en todos los supermercados que formen parte del acuerdo. Solo habrá diferencias entre regiones, por el factor logístico. El secretario de Comercio ahondó en detalles sobre la reciente medida.

–¿En qué se benefician las empresas que participan del acuerdo?

–Las grandes cadenas tienen ventaja o poder de mercado, por eso uno podría preguntarse por qué se iban a querer sumar a una política donde pierden capacidad de establecer condiciones favorables para ellos. Pero se denunciaron maniobras (en los acuerdos anteriores) y, ante ello, las empresas buscan transmitir una idea de compromiso ante la sociedad. También hay desequilibrios al interior de la cadena en la relación entre proveedores y grandes cadenas, y la decisión del Gobierno en trabajar en una mayor equiparación de las reglas de juego lleva a que los actores quieran sentarse y participar del acuerdo. A los grandes actores que participan del acuerdo, esta medida les permite transparentar y establecer reglas de juego con mayor equilibrio. Los actores se sumaron de manera voluntaria y entendiendo que es de conveniencia para todos.

–¿Qué sistema de control va a haber sobre posibles maniobras abusivas?

–En primer lugar, hay un compromiso de cumplir con el acuerdo. Entonces confiamos en que lo van a cumplir. En segundo lugar, los precios de la canasta que presentamos tienen un nivel que debería garantizar el abastecimiento. Son precios donde el proveedor y el supermercadista obtienen rentabilidades que justifican poner el producto en góndola. No es un precio fuera de mercado. No convalida estafas ni maniobras abusivas. Buscamos precios transparentes y que den señales, pero que sean cumplibles. Entonces, el incentivo a desabastecer (por falta de rentabilidad) en la mayor parte de los productos no debería existir. Ahora bien, eso no implica que no puedan darse maniobras como las que se vienen denunciando. Por eso habrá control mutuo de los actores del acuerdo. Si hay maniobras para desabastecer adrede, hay violación del acuerdo. Un primer esquema de monitoreo tendrá que ver con “el alerta temprano” y control permanente entre los distintos actores y la Secretaría de Comercio, a través de un software especializado. También vamos a estar inspeccionando y realizando permanentes relevamientos en los establecimientos. Tenemos 20 inspectores, pero vamos a incorporar a no menos de 50 adicionales. Habrá teléfonos disponibles para que el consumidor avise si hay problemas, y también estamos desarrollando un aplicativo especial para el celular. A la vez, convocaremos la semana que viene a las asociaciones de consumidores para velar por el cumplimiento de la política. Es muy importante que esas entidades se sumen. También se seguirán realizando relevamientos por organizaciones sociales, como supone el programa Mirar para Cuidar. En situaciones normales, los supermercados tienen un nivel de abastecimiento del 85/90 por ciento. Eso hay que advertirlo para evitar las operaciones mediáticas que exageran la falta de algún producto, porque la realidad es que pasa en forma habitual. Si hay problemas válidos, generaremos condiciones para restablecer el abastecimiento. Pero si se justifica una sanción, lo haremos. Tenemos para ello La Ley de Lealtad Comercial, Defensa del Consumidor, Defensa de la Competencia y la Ley de Abastecimiento.

–¿Cuáles son los pasos a seguir para que el acuerdo se aplique en el resto del país?

–Esta es una política que arranca donde resulta más conveniente, que es con las grandes cadenas, que brindan referencias para otros comercios. Y toda esta negociación con las 10 cadenas y 65 empresas proveedoras fue muy compleja, porque en el medio hay un fuerte conflicto de intereses, regular en cualquier mercado, entre proveedores, supermercados y consumidores. En ese contexto, el Gobierno tiene que llegar a una canasta acordada, relevante, que se pueda cumplir, donde ninguno se apropie del excedente del otro. En un mes llegamos a esa canasta relevante, con precios que podemos defender. Arrancamos con los grandes jugadores de un lado y del otro. Y en el área metropolitana, que es un lugar de referencia. A partir de esta base, con todo el trabajo realizado, vamos a ir muy rápidamente incorporando sucursales provinciales de las cadenas nacionales. Para eso discutiremos cuáles son los costos diferenciales de poner productos en todos los puntos del país. Pero una parte muy importante del trabajo ya está hecho. También tenemos compromiso de trabajo con cadenas regionales y de la comunidad asiática (residentes chinos), que a diferencia de las cadenas nacionales trabajan con mayoristas, los cuales tienen su propio poder de negociación y margen de rentabilidad. No es que el Gobierno se olvida del Interior, es que hay particularidades, hay más jugadores y distintos costos. En enero deberíamos poder avanzar en federalizar el acuerdo.