Los ministros de Economía y Finanzas de los países que integran el Grupo de los Veinte (G-20) dieron un ultimátum a Washington para que ratifique la reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Estamos profundamente decepcionados con el continuo retraso en las reformas del sistema de cuotas y gobierno del FMI acordadas en 2010”, señalaron los ministros en un comunicado tras una reunión en Washington. El documento resalta que la implementación de las citadas reformas sigue siendo prioritaria, tras lo cual insta a Estados Unidos, principal accionista del Fondo, con algo más de 17 por ciento del derecho a voto y capacidad de veto, a ratificarlas “lo antes posible”. Las reformas que solicita el G-20 incluyen un incremento en la financiación y un mayor peso de los mercados emergentes en la estructura del organismo.

Los ministros del G-20 se reunieron en el marco del encuentro de medio año del FMI y el Banco Mundial (BM) en Washington, donde también participa el titular del Palacio de Hacienda argentino, Axel Kicillof (ver aparte). “Si las reformas de 2010 no se ratifican a fin de año pediremos al Fondo que desarrolle opciones para los próximos pasos y trabajaremos con su órgano de gobierno para discutir esas opciones”, señalaron los ministros. El G-20 manifestó que estará alerta frente a los “importantes riesgos y vulnerabilidades globales”, y afirmó su “decisión para gestionar esos riesgos y tomar acciones que fortalezcan la recuperación, crear empleos y mejorar las perspectivas de crecimiento para el mediano plazo”.

“Las reformas estructurales son especialmente importantes para lograr el objetivo común del Grupo y en ese tema se centró la reunión en función de promover una mayor competencia en los mercados de productos y de servicios”, agregó el comunicado del Grupo. Las reformas habían recibido un rotundo respaldo inicial de Estados Unidos, cuando fueron formuladas en 2010, pero a cuatro años no se registran avances en el tratamiento de los puntos. La implementación de los cambios en el funcionamiento del FMI requieren una ratificación del Congreso de Estados Unidos, donde los representantes del Partido Republicano vienen obstaculizando su tratamiento.