El economista Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic Policy Research, un think tank heterodoxo situado en Washington. “Si Argentina seguía firmando acuerdos con el FMI después de 2002 no hubiera crecido como lo hizo. Si no, vean lo que sucede en Grecia, donde seis años después del estallido de la crisis siguen aplicando políticas de austeridad”, advirtió, al reprochar la ausencia de cambios relevantes en el accionar del organismo multilateral. Después de participar de un debate sobre la arquitectura financiera internacional en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, el académico dialogó con Página/12 y cuestionó duramente las decisiones del juez Thomas Griesa en favor de los fondos buitre.

–¿Existe alguna posibilidad de sortear las restricciones impuestas por el fallo de Griesa sin alcanzar el año próximo un acuerdo con los fondos buitre?

–Argentina podrá pagar sus obligaciones y eludir las excedidas decisiones de un juez de cuestionable competencia que otorgaron a una pequeña minoría de fondos buitre el poder de veto sobre la mayoría de los acreedores del país. No existe ningún caso en la historia del mundo donde un país quiere pagarles a sus acreedores y éstos quieren cobrar pero no pueden hacerlo. No creo que éste sea el caso. No sólo el juez Thomas Griesa, sino todo el sistema legal estadounidense no respeta los derechos de propiedad de los bonistas. Si golpeas a Wall Street donde le duele se pueden ver cambios. Sería importante si algunos países rehusaran públicamente a emitir bonos soberanos en el mercado de Estados Unidos y lo hicieran a través de las legislaciones de Inglaterra o Bélgica. Esas plazas no permiten que se los expropie como sucedió en Nueva York. De hecho, sería muy extraño que continúe en pie por mucho tiempo más el bloqueo a los bonos argentinos emitidos bajo la ley inglesa.

–Sin embargo, la plaza financiera de Nueva York no parece afectada: México anunció hace dos semanas que emitirá bonos por más de 6300 millones de dólares en Estados Unidos. No cambia de jurisdicción, sino que para prevenir el accionar buitre, los títulos incorporarán las modificaciones contractuales sugeridas por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales.

–Los cambios propuestos por ICMA y el FMI que algunos países comenzaron a incorporar son un paso adelante, pero es difícil decir si serán suficientes. Nadie esperaba la decisión de Griesa que está basada en una interpretación extraña y sin precedentes de la cláusula pari passu. No sabemos qué puede suceder en el futuro. Tenemos muchas dificultades para avanzar en la materia. Hay avances como la declaración reciente del G-20, pero todavía los líderes del G-7, que son quienes controlan las principales instituciones económicas globales, se resisten al cambio.

–El FMI recomendó en octubre que el gobierno de Estados Unidos precise su ley de Inmunidad Soberana (FSIA, por sus siglas en inglés). Sugirió explicitar que el cumplimiento de una sentencia no puede bloquear el uso de los fondos de un soberano como determinó Griesa.

–Todavía no es público, pero hay miembros del Congreso que están considerando una enmienda a la FSIA en la forma que propuso el FMI. Es difícil que esa iniciativa prospere porque en ambas cámaras las comisiones encargadas de analizar los temas de relaciones exteriores están controladas por legisladores republicanos vinculados con los sectores neoconservadores que no aprecian a los gobiernos de izquierdas de América latina. El lobby del fondo buitre NML Capital de Paul Singer además es uno de los principales financistas de las campañas del Partido Republicano. Pero los problemas que representan los fondos buitre para la política exterior de Estados Unidos incluso son indeseados para los republicanos.

–¿A qué situaciones se refiere?

–Argentina no es el único caso. Los fondos buitre están comenzando a mirar la posibilidad de comprar bonos de Ucrania para beneficiarse con una potencial reestructuración de deuda. Ucrania tiene un interés estratégico para Estados Unidos que invirtió mucho dinero durante veinte años para conseguir el gobierno que deseaba. Si los buitres interceden en ese proceso sería un problema para Estados Unidos.

–¿Por qué considera que cualquier intento de reforma de la arquitectura financiera internacional debe contemplar cambios en el FMI?

–El FMI es la organización económica internacional más influyente. Cualquier reforma que se encare deberá lidiar con el Fondo. Encargada del monitoreo de la economía global, no pudo ver las dos burbujas de activos más grandes de la historia. El Center for Economic Policy Research comenzó a advertir sobre el incremento en el precio de los inmuebles desde 2002. El Fondo tenía acceso a Internet y podía leer los informes. El FMI hizo muchas cosas mal durante la crisis e insiste en que los países que necesitan realizar estímulos fiscales como Grecia, España, Irlanda y Portugal apliquen políticas de ajuste del gasto. En Europa la crisis se usó para imponer una agenda política de reformas fiscales, laborales y sociales que en otro escenario nunca hubieran sido aceptadas. El FMI hizo muchas cosas mal e incluso cuando se propone hacer un aporte relevante el Tesoro de Estados Unidos interviene. Eso sucedió con el amicus curiae que iba a presentar el Fondo a la Corte Suprema y fue bloqueado. La reforma de las cuotas es insignificante si los países en desarrollo no utilizan el poder que tienen para formar un bloque y disputar las decisiones del G-7. Las políticas del Fondo cambiaron muy poco a lo largo de las últimas cuatro décadas. La principal modificación desde 1973 es la pérdida de influencia del organismo sobre los países de ingresos medios como los latinoamericanos durante los últimos quince años. Si Argentina seguía firmando acuerdos con el FMI después de 2002 no hubiera crecido como lo hizo. Si no, vean lo que sucede en Grecia, donde seis años después del estallido de la crisis siguen aplicando políticas de austeridad. La decisión de Argentina debería replicarse a escala global.