El mascarón de proa del proyecto de ley ómnibus es la liquidación de los juicios de jubilados y la actualización de haberes previsionales. Sin embargo, el paquete incluye un blanqueo de capitales, cambios tributarios, en la administración de la caja de la Anses e incorpora acuerdos del gobierno nacional y las provincias por la coparticipación. El pago a los jubilados y el blanqueo se enlazan en el hecho de que el stock de fondos obtenidos por los punitorios que se cobrarán por la declaración del dinero fuera del sistema irá a las arcas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. No obstante, el proyecto también habilita la venta de participaciones accionarias de empresas privadas en la cartera del FGS en caso de que no alcance para mantener el pago del nuevo flujo de erogaciones, lo que distintos especialistas sostienen que es lo que finalmente sucederá.

La Anses cuenta con acciones heredadas de la estatización de las AFJP en 2008 del Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogas, Metrovías, Edenor, Quick Food e Irsa, entre otras. El proyecto deroga la ley que impide la venta de acciones sin contar con aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. En el debate en comisión se incorporó la limitación de que la tenencia de acciones no podrá ser inferior al 7 por ciento del total acumulado en el FGS y se establecen algunos criterios para el desprendimiento. Pese a esa limitación, el gobierno podrá desprenderse de unos 43.000 millones de pesos en acciones. Varias de aquellas compañías líderes vienen ejerciendo presión para hacerse de las acciones que están en poder del Estado.

En la iniciativa se incluye una Pensión Universal a la Vejez, que alcanza a mayores de 65 años que recibirán un ingreso equivalente al 80 por ciento del haber mínimo. En este punto hubo también cambios. Se extendió por tres años la moratoria lanzada por el gobierno anterior para las mujeres que tengan la edad jubilatoria pero no los aportes necesarios para acceder a la jubilación, con el descuento de los aportes que no hicieron. De esta manera, se mantiene en 60 años la edad de las mujeres para acceder a la jubilación. Con la moratoria, luego de cinco años de pago de aportes la mujer podrá cobrar con un haber completo, que como piso será la jubilación mínima. La prórroga por tres años responde a que en ese lapso se llevará a cabo una reforma previsional integral. El proyecto no incluyó como pautas para esa reforma que el sistema tiene que seguir siendo público y de reparto.

En materia tributaria, se acordó no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un tema que será discutido más adelante por la Comisión Bicameral que elaborará un proyecto de reforma impositiva. En cambio, se mantuvo la modificación gradual de los mínimos no imponibles de 305 mil a 800 mil pesos este año, a 950 mil en 2017 y a 1,5 millón en 2018. La intención original de eliminar en tres años el gravamen a los Bienes Personales tuvo duras críticas, porque se trata de un impuesto progresivo sobre la riqueza. Si bien no formará parte del paquete de leyes, se exceptuará del pago del Impuesto a las Ganancias para el próximo medio aguinaldo a trabajadores que tienen sus impuestos al día y estén exentos de Bienes Personales. La AFIP aclaró que los contribuyentes sufrirán los descuentos por Ganancias cuando se liquide el medio aguinaldo y luego dispondrá los reintegros correspondientes cuando se apruebe la ley.

En cuanto al blanqueo de capitales, uno de los capítulos que menos cambios recibió en el plenario de comisiones y en el debate en el recinto, sólo se eliminó el artículo del secreto fiscal, que determinaba penas de prisión y multas para quienes difundieran información sobre aquellos que se acojan al blanqueo. Se mantuvo la posibilidad de acogerse al blanqueo a familiares de funcionarios. Sólo se limitó a integrantes actuales y a ex funcionarios de los tres poderes del Estado.