Los aumentos de entre 50 y 60 por ciento que deben enfrentar los consumidores en el precio del aceite comestible son la contrapartida de un rotundo incremento de los ingresos en pesos de las empresas del sector, en el que pisan fuerte grupos como Bunge y Pérez Companc. Tratándose de un rubro cuyas exportaciones rondan los 5000 millones de dólares anuales, la contrapartida en pesos ha trepado más de un cien por ciento con la devaluación, generándole al ramo entradas adicionales por entre 5000 y 7000 millones de pesos. A pesar de esta lluvia de dinero, el Ministerio de Economía sólo les impuso a las aceiteras una retención del 5 por ciento, al confirmarles a sus productos el tratamiento de bienes industriales, más en concreto manufacturas de origen agropecuario (MOA). La retención es un gravamen que captura para el fisco parte del ingreso de las exportaciones, y que equivale, para el exportador, a una reducción en el tipo de cambio.
Siendo obvio que, luego de un salto olímpico en la cotización del dólar, una retención de cinco puntos es inocua como arma antiinflacionaria, Economía dispuso ayer, dentro de un paquete más amplio, reducir de 28 por ciento a 12,5 y 14,5 por ciento los aranceles para los aceites importados, buscando que compitan con los nacionales. Con esto pretende ponerle un techo al aumento de precios, pero tampoco será un remedio demasiado eficaz con un dólar tan alto. El problema radica, según coinciden los analistas, en la desmesurada devaluación del peso.
Con todo, la industria aceitera se siente víctima de algo así como una herejía, ya que durante muchos años exportó con reintegros; es decir, subsidios que le elevaban el tipo de cambio. De recibir una subvención pasa a pagar un impuesto. Para los críticos, sin embargo, el único “valor agregado” de esas empresas consistía en arbitrar (ganarse la diferencia) entre dos paridades del dólar, establecidas por las autoridades merced a una paciente tarea de lobby. En este sentido, la estrategia oficial no parece haberse alterado.
Mientras el aceite de soja padece una retención del 5 por ciento, el haba de soja, de la que se extrae el óleo y los subproductos forrajeros, se ve castigada con el 13,5 por ciento. A esta diferencia se la conoce como política industrial, ya que alienta la transformación de la materia prima dentro del país. Este criterio no es nuevo. Ya antes, la soja y el cuero crudo (para estimular el curtido local) eran los dos bienes básicos con retención, del 3,4 y 5 por ciento, respectivamente.
Ahora bien, dentro de la industrialización, en las actuales circunstancias hay un incentivo para reducir el grado de elaboración interna. Pudiéndose exportar el aceite crudo, refinado o comestible, venderlo crudo en toneles ofrece márgenes de ganancia que con este dólar resultan rentables y permiten ahorrarse parte de los problemas de insumos y cadena de pagos que afronta cualquier proceso en la economía interna.
Más allá de las medidas compensatorias, es ciertamente difícil desdolarizar los precios internos de los oleaginosos, que son en un 90 por ciento exportables. En girasol, por ejemplo, la Argentina mantiene el liderazgo mundial. La demanda interna, por otra parte, es muy inelástica, porque se trata de un consumo difícilmente prescindible. Aun así, el verdadero tope a la trepada de los precios locales se lo pondrá la licuación del ingreso real de los consumidores, más “eficaz” que las medidas compensatorias hasta ahora diseñadas por el Gobierno. Contra la inflación no hay nada como la pobreza.