La oposición impulsa una ley para reimplantar las regulaciones que existían antes del menemismo para evitar que los cargos estatales sean gestionados por ejecutivos de empresas privadas. El diputado Guillermo Carmona, del Fpv-PJ, elevó la propuesta para modificar la ley 25.188 de Etica en el Ejercicio de la Función Pública, con la cual se apuntará a regular situaciones en las que puedan existir conflicto de intereses e incompatibilidades para la asunción de un funcionario público. En el gobierno de Macri, al igual que ocurrió en la convertibilidad, se promueve la idea de que las CEO tienen que hacerse cargo del Estado y replicar sus criterios de rentabilidad sin tener en cuenta consideraciones ni políticas ni sociales.

La iniciativa de Carmona, que acompañan once diputados del mismo bloque, estipula que individuos con rango de jefe de Gabinete, ministro, secretario o subsecretario que se hayan desempeñado previamente en la dirección o gestión privada o tengan participación accionaria en empresas relacionadas con sus nuevas funciones deberán esperar al menos tres años para la posesión del cargo. Para funcionarios de menor rango el plazo propuesto es de dos años. La prohibición alcanzará al cónyuge, conviviente y familiares. Además se definen criterios para un funcionario que vuelve a la actividad privada en la misma actividad en la que se desempeñó en la esfera pública. En este caso, también deberán aguardar tres años para ingresar a una empresa.

El proyecto de Carmona implica volver a establecer las condiciones que existían en la ley 25.188 previo a las modificaciones que se implementaron en los ’90 de la mano del ex ministro de Economía Domingo Cavallo.