Como un funámbulo, tanteando la cuerda, avanzará este año y el próximo el consumo energético en la Argentina, con cortes y restricciones en los picos estacionales de demanda. Cuando el consumo residencial describa su escalada invernal de 90 por ciento, faltarán 5,1 millones de metros cúbicos diarios. Esta brecha obligará a aplicar restricciones directas en el consumo de gas o vía electricidad. El usuario argentino, después de haber financiado mediante un impuesto incluido en la tarifa los gasoductos que tendieron las empresas privadas, descubre que ellos apuntaron a Chile, Brasil y Uruguay porque esos mercados prometían más dinamismo y mejores negocios particulares, mientras la red interna languidecía. Gracias al litigio entre bolivianos y chilenos, las compañías que explotaban (y explotan) en la Argentina este recurso natural no renovable podían erigirse en proveedores regionales a precio dólar. El Estado nacional había pasado de mal empresario a mal privatizador, y de allí a peor regulador. Tras el colapso de la convertibilidad, mientras se dejaba suelto al dólar y los precios internos subían vertiginosamente, el gas fue una de las anclas utilizadas para frenar la estampida. Nadie se ocupó de los efectos a mediano plazo.