Podría haberse planteado que el correo es un servicio público esencial y que, como tal, requiere ser atendido directamente por el Estado, porque además éste está en condiciones de brindarlo en forma eficiente. Pero no. La transformación del correo oficial –hasta ayer una unidad administrativa intervenida bajo promesa de pronta reprivatización– en una sociedad anónima en manos del Estado fue presentada por el Gobierno como necesaria para “darle mayor agilidad a su funcionamiento”, bajo la novedosa fórmula “con vocación de transitoriedad”, tal cual se lo menciona en el decreto de creación.
Podría haberse recordado que el correo oficial, como servicio social, dejó de cumplir buena parte de esa función bajo la gestión privada. Que el canon que el concesionario se obligó a pagar, y que quizá se hubiera aplicado a cubrir otras necesidades sociales, no se pagó. Y que miles de trabajadores pasaron a engrosar la fila de desocupados durante esa misma gestión concesionada. Pero no. El ministro de Planificación prefirió negar que se trate de una reestatización y explicó que, simplemente, estamos frente a “una prórroga” en el proceso de reprivatización.
Podría, incluso, haberse confesado que, por decisión del presidente de la Nación, la eventual privatización del correo oficial está siendo revisada. Alternativa ésta –la de volver el servicio a manos privadas– que, además, no despierta el más mínimo entusiasmo en la máxima autoridad del Ejecutivo. En cambio, el anuncio oficial hizo hincapié en la recomendación de la Sigen en favor de “adecuar el funcionamiento del correo a un mercado desregulado y competitivo”, como tratando de hacerlo más atractivo para eventuales interesados privados.
La gestión pública no es siempre mala e ineficiente, como lo demuestran los últimos seis meses de administración del Correo. Algunos de los afectados en forma directa por la prevalencia de los fines de lucro en ese servicio, como los campesinos y habitantes en general de zonas rurales, se han expresado al respecto. “En el lapso de explotación privada, los pequeños y medianos productores agropecuarios, moradores de la campiña o de pequeñas poblaciones, sufrieron la ineficiencia y el alto costo de la prestación privada (...). El excluyente interés económico empresarial privilegió las grandes y medianas urbes, pero dejó mucho que desear en el interior”, señaló la Federación Agraria en una declaración pública, pocos meses atrás, en la que reclamaba el regreso de la prestación a la órbita pública.
Mientras la creación de una sociedad anónima en manos estatales podría estar preanunciando un camino distinto, en la esfera de la Secretaría de Comunicaciones se avanza en la elaboración de los pliegos de una eventual licitación, pensando en un gerenciamiento privado pero manteniendo la definición del “esquema de negocios” en manos del Estado.
Los cambios habidos en el proceso, desde el modelo que cayó junto con la concesión de Sideco (grupo Macri) hasta la fecha, son muchos e importantes, más de lo que deja ver el anuncio oficial. Por una vez, parecería que los hechos corren delante de los discursos, aunque la falta de fibra en estos últimos deje abierto un abanico de dudas.