La provincia de San Luis llevó ayer una nueva propuesta a la Corte para recuperar su dinero del corralito. Los puntanos siguen firmes en reclamar los 247 millones de dólares que les quedaron en el Banco Nación –parte de los cuales aceptarían en bonos– y ofrecen variantes en relación a los plazos y los montos mensuales. Esta idea se acerca al esquema que el tribunal propondría en la próxima audiencia entre la provincia y el Estado y que podría significar un aval al proyecto de devolución de depósitos en bonos que analiza el Ejecutivo, tal como hizo con el Plan Bónex.
Representantes de San Luis sugirieron ayer en una reunión con el juez Adolfo Vázquez que sus 350 millones de pesos –resultantes de la pesificación a 1,40 de los 247 millones– sean convertidos al valor del cambio actual en diez depósitos de plazo fijo, cada uno de unos 12 millones y medio, que vencería a lo largo de los próximos diez meses. Eso, alegan, “permitiría garantizar que no se retiraría todo junto”. Para los 130 millones de dólares restantes aceptarían un bono dolarizado con garantía del Estado nacional y en un plazo máximo de 18 meses. “El bono a diez años que viene ofreciendo Economía no lo podemos aceptar, tenemos que completar un plan de obra pública”, explican los abogados.
Después de dos audiencias de conciliación fracasadas, en la Corte en realidad quisieran que las partes se pusiera de acuerdo. Igual elaboran una propuesta que admitiría parte del reintegro en bonos y parte en un depósito a la vista en pesos disponible “en un lapso cercano”.