Roberto Lavagna admitió que, tras los reveses en el frente externo, el Ministerio de Economía se encuentra “rediseñando todo el proceso” de reestructuración de la deuda y buscando un nuevo banco que reemplace al saliente Bank of New York en sus funciones de fiduciario y de agente de cambio en el exterior. La tarea de fiduciario podría recaer en el controvertido JP Morgan Chase, célebre en el país por su actuación en el megacanje de 2001. De acuerdo a lo que pudo saber Página/12 de fuentes vinculadas a la negociación, las fricciones con la entidad estadounidense habrían comenzado a raíz de la introducción de la cláusula para discriminar a los tenedores de hasta 50 mil dólares en la asignación de bonos par. Además, del pedido de “indemnidad judicial”, que Lavagna le negó.
A fines de la semana pasada el Ministerio de Economía esperaba firmar un contrato con el banco neoyorquino. Pero cuando todo estaba listo, la entidad se retiró. Técnicos que trabajaron en la negociación dijeron a este diario que el último argumento de la entidad estadounidense fue la dificultad que habría provocado la decisión de la Secretaría de Finanzas para discriminar a los tenedores de títulos de hasta 50 mil dólares. Luego de que fuera dada a conocer oficialmente la oferta, el Bank of New York hizo saber al equipo de Guillermo Nielsen que identificar a esta clase de tenedores resultaría bastante difícil y, por ello, necesitaría más tiempo.
La opinión de Economía fue otra. Lavagna atribuyó el alejamiento del banco, a la que se sumó la postergación de la aprobación formal de la propuesta de reestructuración por parte Comisión de Valores de Italia (Consob), a la mano negra de quienes trabajan intentando que el país mejore la oferta apostando al fracaso de la actual propuesta.
El fracaso se produciría por el desdoblamiento de la operación entre los mercados interno y externo. La idea era que el piso garantizado localmente por el acuerdo con las AFJP permitiría generar un efecto manada a medida que, a los pocos días del lanzamiento simultáneo, se anunciara una recepción multimillonaria de bonos a canjear. La decisión gubernamental de continuar contra viento y marea con el cronograma del tramo local romperá este efecto de “marketing” de la operación, precisamente lo que habrían buscado los banqueros que apostaban contra el canje.
Especialistas consultados por este diario coincidieron en que podría ser más grave el desdoblamiento que la postergación, la que no tendría mayores costos económicos, pero sí políticos. En primer lugar, porque el Gobierno no tendría anuncios positivos para realizar antes de fin de año y, segundo, porque agregará un nuevo factor de tensión con el FMI y la consecuente reedición de la desgastante puja discursiva entre las partes. En Economía aceptan que “la negociación con el Fondo se ajustará a los tiempos de la reestructuración”.
Para la economía cotidiana, en cambio, que el canje se realice en marzo o en abril, como todo parece indicar sucederá, no tendría mayores consecuencias. En previsión, Lavagna realizó ayer declaraciones minimizando los efectos de la postergación. El ministro sostuvo que la salida del Banco de Nueva York y la dilación de la Consob “complica un poco todo el operativo”, por eso el Palacio de Hacienda se encontraría “rediseñando todo el proceso”. En particular, buscando otro bancos que actúen como fiduciario. Que en el Palacio de Hacienda se haya arriesgado el nombre del JP Morgan implica que las conversaciones con la entidad estadounidense ya existen. Quienes ofician de gurúes de la city no ocultaron su satisfacción. Lavagna había desechado inicialmente la intervención del Morgan por su actuación en el controvertido megacanje de mediados de 2001. El canje actual, una suerte de megacanje plus que triplica los montos de su antecesor, debía quedar fuera de toda sospecha.
Preparando el terreno, Lavagna insistió en que la deserción del banco (of New York) “no es grave” y que su “participación no es imprescindible”. El ministro también reconoció que la entidad no se retiró de la operación sino que “pidió más tiempo” y el Gobierno se lo negó. “Durante mucho tiempo algunos acreedores daban a entender que el gobierno argentino incurría en demoras y atrasos o que no quería pagar. Desde septiembre de este año el país está listo para el canje y desde ese entonces hasta ahora hubo mil pedidos de postergación, legales, informáticos, pero nunca lo habían querido poner por escrito”, reveló Lavagna.