La Afip está borrando del mapa a miles de asociaciones civiles y fundaciones truchas que –se sospecha– eran utilizadas por empresas y contribuyentes para burlar al fisco. De las 48.000 fundaciones inscriptas hasta el año pasado, menos de la mitad están hoy empadronadas como tales, y por lo tanto pueden seguir disfrutando de exenciones impositivas.
Más precisamente, la Afip obligó a un reempadronamiento, al cual se presentaron hasta ahora solo 20.000 fundaciones y/asociaciones civiles. Pero de ellas sólo 10.500 recibieron un certificado de exención permanente, mientras que otras 9500 obtuvieron una exención provisoria.
Dicho de otro modo, más del 50 por ciento de las fundaciones se “autoexcluyó”, se supone porque no podían demostrar su condición de tales. En los próximos meses podrían requerir la exención algunas organizaciones, pero en lo sustancial los números no cambiarían.
El órgano recaudador decidió avanzar contra las fundaciones después de estallar el escándalo del caso Pérez Companc. Según denunció en su momento la Afip, la fundación de fines benéficos del holding fue utilizada para esconder ganancias del grupo y eludir impuestos vía donaciones. Pero ese no sería el único caso relevante detectado por los sabuesos.
“Si son entidades de bien público, es lógico que no paguen impuestos, como establece la ley”, dijo ayer el titular de la Afip, Alberto Abad. Y explicó que “hay una tendencia mundial de investigar a las fundaciones, porque a través de estas entidades se suele achicar la base imponible: la DGI norteamericana estuvo en el último año obsesionada con el tema, porque detectaron gran cantidad de empresas haciendo donaciones cuyo destino era incierto”.
“Las fundaciones genuinas siguen funcionando normalmente”, afirmó Abad. Este año, sin embargo, las fundaciones, aun las exentas, deben presentar una declaración jurada de impuestos, que la Afip estudia en detalle.