Consciente de los límites que entraña el acuerdo con los supermercados para disciplinar los precios de productos básicos, el Gobierno intenta involucrar también a otros actores para garantizarse un corsé más eficaz. La idea es arrancar también un compromiso a los mayoristas –obviamente, no ligados a aquellas cadenas comerciales–, a fabricantes de indumentaria y a la Copal, Coordinadora de la Industria de Procesadores de Alimentos, para que las prometidas rebajas lleguen también a los estantes de almacenes y minimercados, donde se comercializa el grueso de los alimentos.
La célebre lista de 250 productos con una rebaja del 15 por ciento todavía no terminó de confeccionarse. Pero tanto la ministra Felisa Miceli como la subsecretaria de Defensa del Consumidor y diputada electa Patricia Vaca Narvaja advirtieron que puede ser una nómina ficticia si la buscada reducción de precios no involucra a los productores y al resto de los comercializadores. En definitiva, a toda la cadena.
Cuando días atrás Néstor Kirchner renovó la embestida oficial contra los supermercados, éstos intentaron defenderse con un dato estadístico difícil de contrastar: son responsables de la venta del 30 por ciento de los alimentos y bebidas que se comercializan en todo el país, y el trío Jumbo, Carrefour y Coto, por ejemplo, apenas totaliza el 12 por ciento. Si lo que se quiere atacar son los márgenes de venta, por aquella vía se estaría dejando afuera nada más y nada menos que al 70 por ciento del circuito comercial.
En el Gobierno no niegan este límite. También saben que lo que sucede en los grandes comercios sólo explica aproximadamente la mitad del índice de precios a la hora de medir alimentos y bebidas. No más. Pero tienen presente que las cadenas saben usar su poder de grandes compradores para imponerle a los proveedores condiciones de venta, incluso, a la competencia. Y que aplican altos márgenes en algunos productos, como las frutas y verduras.
Vaca Narvaja tiene muy presente un reciente relevamiento publicado por el diario La Voz del Interior, según el cual los supermercados trabajaban con márgenes promedio del 360 por ciento en esos productos frescos. En rigor, esto habría ocurrido siempre y por causas entendibles desde la lógica comercial: el alto desperdicio que tienen los vegetales y el importante costo de conservación. Según recuerda el especialista Roberto Dvoskin, la lechuga ha tenido históricamente márgenes promedio del 600 por ciento, por lo que no habría mucha sorpresa en lo revelado por el diario cordobés.
Desde los despachos oficiales también se sigue con atención los pasos de los supermercadistas. Por eso se sabe que Coto le pidió a uno de sus principales proveedores de artículos de limpieza que le haga un descuento del 15 por ciento, lo que neutralizaría el sacrificio de aplicar esa rebaja en sus góndolas. “Esa no es precisamente la idea”, comenta la saliente subsecretaria de Defensa del Consumidor, quien tiene la convicción de que una de las claves de la inflación serían los márgenes de las cadenas.
La estrategia oficial de control de precios tiene otra restricción nítida a la hora de disciplinar a la carne. Si se intenta frenar las subas castigando las exportaciones con más retenciones, se excluye al 75 por ciento del producto que se vende en el mercado interno. Del mismo modo que un acuerdo con los frigoríficos faenadores deja afuera a los productores, que llevan al Liniers más o menos ganado según condiciones que a veces no se pueden manejar compulsivamente.
De ahí el afán de seguir sellando acuerdos que amplíen el alcance de la estrategia oficial. Uno vital, con la Copal, que continúa conduciendo Alberto Alvarez Gaiani luego de una reciente renovación de mandato. Hombre de la UIA, pero de posiciones menos cercanas a las del gobierno que las que sostienen otros dirigentes de la entidad. Finalmente, la verdadera jugada para que el índice de precios de diciembre no se desboque, es lagran presión política de esta movida que se focalizó sobre las cadenas pero que, de hecho, las trasciende.