Cancelar la deuda con el Fondo Monetario no le garantiza, por ahora, a la Argentina la posibilidad de que se destraben los préstamos del Banco Mundial condicionados a un acuerdo con ese organismo. Se trata de un paquete de créditos, denominados de “ajuste”, pendiente de desembolso de unos 800 millones de dólares. Según la lógica del organismo que conduce Paul Wolfowitz, un pacto con el FMI, inviable tras el desendeudamiento, brinda “garantías” acerca de las políticas que aplicará el país y, por consiguiente, sobre las “reformas” que se quieren financiar con ese aporte bancomundialista.
El condicionamiento de esos préstamos con el aval del Fondo a las políticas que se implementan en el país se afianzó en 1988, después del derrumbe del Plan Primavera. Argentina hizo su aporte para consolidar aquella ligazón, cuando el ex ministro Juan Vital Sourrouille consiguió un auxilio financiero del BM, cuyas imposiciones resultaban más laxas que las del FMI que quedó marginado del trámite. Pero el derrumbe del plan económico alfonsinista abonó la idea de que el monitoreo eludido sobre la política económica del país deudor resultaba imprescindible.
Desde la delegación local del Banco Mundial, comandada por Axel von Trotsemburg, se insiste en que está cambiando el mix de préstamos otorgados, de modo tal que en la actualidad tienen preeminencia los destinados a “inversión”, que no están sujetos a ningún acuerdo con el Fondo, en detrimento de los que sirven para financiar “reformas”, condicionado a un convenio. Esos préstamos de “ajuste”, sin embargo, no dejan de tener una relevancia notoria en la cartera del organismo. Hoy existen cinco programas en esa categoría: tres para las reformas provinciales de Córdoba, Santa Fe y Catamarca (870 millones), uno para reestructurar el área de salud (750 millones) y otro para recuperación económica (500 millones), anunciado a mediados del 2004 pero aún “no vigente”.
Después del anuncio, el Gobierno no tuvo hasta ahora ningún contacto con los representantes de la entidad. Esto plantea la incógnita sobre la suerte de aquel paquete, cuyo destino está atado al guiño fondomonetarista del que Argentina ahora prescinde. También se abre el interrogante acerca de si el BM podría asumir de hecho el rol de eventual monitor sustituto, al menos a la hora de prestar para financiar reformas estructurales.
Claro que, aun en este caso, la intromisión en las cuestiones domésticas estaría limitada a cuestiones ligadas a los programas que se piensan asistir financieramente. El BM se sumó a la presión del establishment internacional a favor de llegar a un acuerdo con los acreedores en default o de disponer un ajuste en las tarifas públicas, del mismo modo que opina sobre la conveniencia o no de ciertas decisiones tributarias. Pero esas condiciones macro nunca figuran en un acuerdo a sellar con el organismo.
La relación con el BM puede considerarse fluida, en particular si se atiende que, al igual que el FMI y el BID, ostentó el carácter de acreedor privilegiado. En los ejercicios 2006 y 2007 Argentina prevé honrar obligaciones con el BM por 1403 y 1469 millones de dólares, respectivamente. Mientras, en la entidad analizan un paquete de ayuda financiera que podría llegar a los 3000 millones de dólares para los próximos tres años.
Pero esa cordialidad no fue óbice para que el organismo paralizara desembolsos destinados a obras viales hasta despejar dudas sobre los presuntos sobreprecios en las contrataciones a las que aludió Roberto Lavagna poco antes de su partida de Economía. O que hiciera lo propio con dinero destinado a planes sociales, después que se detectaran irregularidades en La Matanza. Pero éstos son considerados episodios menores contra un paquete de recursos de envergadura.
El papel del BM en la región promete dar un viraje que acrecentará su influencia sobre áreas estratégicas. John Briscoe, director en Brasil, aseguró el viernes pasado que en ese país se prevé ensayar una nueva etapa, centrada en los rubros de energía e infraestructura. Justamente, dos segmentos sensibles, que en los próximos tiempos demandarán muchos recursos tanto en el país vecino como en Argentina. Los dos socios del Mercosur, que anunciaron su decisión de desendeudarse con el Fondo, manteniendo una estricta disciplina fiscal que privará de recursos públicos a aquellas áreas, abriendo así la puerta a la nueva política de Wolfowitz.