El presidente Fernando de la Rúa ya había probado con el “Blindaje” hacia fines de 2000, propuesto por José Luis Machinea. Pero se derritió rápido, dejando a la Argentina con una deuda de 12 mil millones de dólares con el Fondo Monetario y otro tanto con organismos multilaterales y países como España. En el verano de 2001, la corrida bancaria empezó a sentirse; pero por sobre todo el riesgo país –la tasa adicional que pagaba el gobierno por refinanciar los títulos de la deuda pública– comenzó a empinarse sin freno. Machinea fue eyectado del gobierno, pasó el efímero López Murphy y en marzo de 2001 regresó Domingo Cavallo, visto por algunos radicales desesperados y por el propio Carlos “Chacho” Alvarez, ya fuera del gobierno, como el único que podía salvar la convertibilidad.

A poco de asumir, cuentan que Cavallo recibió la idea de su amigo David Mulford, entonces vicepresidente del Crédit Suisse First Boston, uno de los bancos que mayores negocios hizo con la emisión de papeles de deuda argentina en el mundo durante la década del noventa. Todas las semanas, el gobierno tenía que salir a pedir prestado al “mercado”, emitiendo nuevos títulos públicos para cancelar el vencimiento de los viejos. Era la única manera de no caer en default, ya que con la recesión las cuentas fiscales se deterioraban día a día y había que patear para adelante vencimientos no sólo de capital, sino también de intereses de la deuda.

El esquema lucía atractivo: refinanciar de una sola vez la mayor parte de la monumental deuda argentina que vencía a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo, pero de manera voluntaria; es decir, sin que los acreedores percibieran ese canje de deuda como algo compulsivo. Pero la lógica más elemental anticipaba que, si no se decreta la cesación de pagos, la única forma de tentar a los acreedores para que se desprendieran de sus títulos de corto plazo por otros de más largo plazo era ofrecer un rendimiento más atractivo por los nuevos bonos.

Y así fue: los 46 títulos que generaban obligaciones al Estado argentino por 115.348 millones de dólares fueron reemplazados por 5 bonos que significaban pagos, intereses incluidos, por casi 171.000 millones de dólares, con lo cual la deuda total se agrandó de un día para el otro en unos 55 millones de dólares. Quienes desde un principio cuestionaron la operación y la denunciaron en los estrados judiciales no sólo hicieron hincapié en el aumento exponencial de la deuda, que después de todo podía responder a una decisión equivocada (más) de la política económica de Cavallo. También objetaron los pagos de comisiones por más de 150 millones de dólares a los bancos que actuaron de intermediarios en el “megacanje” y que recibieron su recompensa de manera discrecional, sin criterios objetivos de asignación. Por su puesto, el CS First Boston lideró el ranking de dichas comisiones.