El Gobierno amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento, de 1974, para obligar a las petroleras a garantizar la provisión de gasoil en el interior del país, donde los productores agrícolas ayer cortaron varias rutas en protesta por la falta del combustible (ver aparte). “Va a llover gasoil”, ironizó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y más tarde, en conferencia de prensa junto a la ministra Felisa Miceli, explicó que en caso de incumplimientos en la entrega de gasoil se podrían disponer clausuras de comercios y empresas e incluso, “en el caso en que judicialmente se defina, la prisión” para quienes no cumplan. La escasez de gasoil, en un tramo del año en que habitualmente se multiplica la demanda, está potenciando el mercado negro, donde según los ruralistas se llega a vender a 3 pesos el litro. Paradójicamente, mientras el Gobierno vuelve a la carga mediática contra las petroleras, por otro lado les ofrece millonarios incentivos fiscales: ayer el Senado convirtió en ley, en medio de fuertes críticas de la oposición, un proyecto que otorga desgravaciones impositivas a las petroleras que realicen inversiones para explorar y explotar nuevos yacimientos (ver aparte).

Desde hace varios años que durante los picos de demanda del agro en Argentina se importa gasoil para garantizar el abastecimiento del mercado interno. En esta época, el campo apuesta todas sus fichas a la cosecha fina (trigo) y en la siembra gruesa (soja y maíz), para lo cual el insumo se vuelve imprescindible. La novedad es que esta vez ninguna petrolera quiere importar el combustible, con el argumento de que esa operación es pura pérdida, ya que el precio internacional es mucho mayor al del mercado interno. Y se acusan mutuamente de ser las responsables de la carestía.

Días atrás, Moreno se reunió con directivos de Repsol, Petrobras y Esso, a los que en el Gobierno creían haber persuadido de importar el gasoil suficiente para surtir la demanda. Shell, en cambio, a través de su presidente José Aranguren, manifestó públicamente que por segundo año consecutivo no iba a importar ni un litro a pérdida.

Lo cierto es que en los últimas semanas se hicieron patentes la escasez y la explosión de un “mercado negro”, que reconoce mecanismos de larga data.

Así, las “estaciones blancas” (independientes, que no representan a ninguna petrolera) están totalmente desabastecidas, porque a sus dueños a estos valores les resulta imposible importar. Las estaciones de bandera (que son propiedad de una petrolera o con contrato de representación) venden, pero con cupos cada vez más restrictivos, con la esperanza de que la mayor demanda del combustible se dirija al surtidor de la competencia. En esta calesita, los productores se quejan de que el combustible que se expende en el “mercado oficial” a 1,50 por litro alcanza ya valores de hasta 3 pesos en un circuito negro, que se sospecha está abastecido por quienes compran más de lo necesario para la reventa y por transportistas de cargas, y empresas de transporte de pasajeros de corta y larga distancia, que reciben gasoil subsidiado.

En este contexto, después de reunirse con el presidente Kirchner, Moreno firmó una resolución que pone en práctica la Ley de Abastecimiento y salió a mostrar los dientes. “Las empresas están obligadas a abastecer normalmente el mercado. Es inadmisible que haya problemas en el aparato productivo por falta de gasoil”, sostuvo. Y anunció que el Gobierno aplicará la Ley de Abastecimiento, que “en el caso de los combustibles tiene una relación econométrica”: la demanda crece en relación con la expansión de la economía. Según el funcionario, “las empresas sabían” que debían enfrentar una mayor demanda y “están obligadas a entregar la cantidad de gasoil que la economía demanda, con su producción local o bien importante”.

Entre las sanciones previstas en la ley se cuentan las siguientes:

- Arresto de hasta 90 días.

- Multas de 500 a 1 millón de pesos, límite que podrá aumentarse hasta triplicar la ganancia obtenida en la infracción (los montos fueron actualizados por el decreto 496/02).

- Clausura del establecimiento por 90 días. Inhabilitación de hasta dos años para la renovación de créditos bancarios.