La Unión Argentina de Inquilinos advirtió sobre la existencia de un “inusual e injustificado acoso legal y judicial” contra ese sector de la población, dada la existencia de normas que avalan el pronto desalojo ante morosidad en el pago. “Con la cuarta parte de los trabajadores argentinos desocupados y con la mitad de la población por debajo del nivel de pobreza, el Congreso y la Justicia han decidido ensañarse con quienes viven o trabajan bajo un techo alquilado”, se quejó el titular de la entidad, Radamés Marini. Expresó que “el Congreso inventó en octubre del 2001 el desalojo ‘express’ incorporando al Código de Procedimientos el artículo 684 bis, que permite echar a un inquilino mientras se discute si hay derecho o no para desalojarlo, lo que constituye un abuso en sí mismo”. Para el pronto desalojo, el propietario debe depositar una caución que servirá como elemento compensatorio en caso de que el desalojo sea declarado arbitrario.