La tecnocracia energética ha encontrado la solución mágica para resolver la escasez de gas y luz para atender la creciente demanda en todos los sectores: cortes rotativos en los hogares. Además, recomiendan el ahorro en los edificios públicos y en el alumbrado público. Más audaces, pese a que ya está definido un aumento a partir del año próximo, insisten con que se debe realizar un ajuste al alza para desincentivar el consumo. Medida que es apoyada por ciertas voces del progresismo. Quien se toma el trabajo de analizar los números globales de la generación y consumo del sistema energético comprobará que esas iniciativas tienen un casi nulo resultado inmediato para resolver la actual situación de tensión máxima del régimen. Por caso, a nivel global, el consumo residencial representa el 30 por ciento del total, y el faltante de energía es del 10 por ciento. O sea, que ese segmento debería ahorrar 30 por ciento, a través de cortes rotativos o de un supuesto ahorro inducido por el alza de tarifas. Dos preguntas: ¿cuántas horas por día y cuántos días los hogares deberían estar a oscuras para alcanzar esa meta? y ¿a cuánto debería subir la tarifa para que una familia decida no calefaccionar la vivienda en días de frío polar? Quien responda con honestidad intelectual esos interrogantes empezará a buscar otras vías para enfrentar la escasez de energía. Quien no lo haga debería explicar cómo se responde a la previsible explosión social de tan “popular” medida de emergencia. Como ayudamemoria sirve recordar el “racional” plan de Ricardo López Murphy & equipo en el gobierno de Fernando de la Rúa, que para equilibrar las cuentas de una convertibilidad en naufragio dispuso un ajuste de 2000 millones de pesos, concentrados en educación, eliminación de pensiones, becas, transferencias a universidad y exenciones impositivas, como a productores de Tabaco y naftas en la Patagonia. Semejante plan “realista” duró quince días por su inviabilidad social y política. Los cortes rotativos a los hogares que se proponen hoy son, por casualidad, recomendados por amigos y colaboradores de López Murphy (Emilio Apud y Francisco Mezzadri, entre otros). Serían más honestos si explicaran que trabajan para las compañías energéticas privadas y que, con su vocación republicana, no les disgustaría un creciente malestar social a pocos meses de las elecciones presidenciales. Apagar la luminarias públicas es, directamente, un disparate. Barrios enteros sin luz en las calles, en invierno, sólo puede proponerlo alguien que vive fuera de la Capital. Un solo robo u otro hecho de violencia en una calle a oscuras provocaría una ola de indignación que sería liderada, precisamente, por aquellos que tuvieron esa idea tan brillante. Estas medidas de “colaboración” de la población se basan en esa lógica de que “todos” tienen que pagar por la irresponsabilidad –avalada por éste y por anteriores gobiernos– del sector privado que maneja servicios públicos esenciales. Como antecedente de ese reclamo de “solidaridad” vale recordar la política que “socializó” la deuda externa privada, para luego someter a la mayoría con ajustes fiscales sucesivos para poder pagar esas deuda. “Todos” tienen que contribuir para superar un momento de crisis es la sugerencia. No sería aceptado en forma tan “solidario” semejante planteo si esos voceros no ocultaran que ya se definió un horizonte (2008) de aumento de tarifas en todos los eslabones de la cadena energética. Y que igualmente sin esos ajustes las privatizadas (Repsol-YPF, Petrobras, TGS, TGN, Metrogas y Gas Natural Ban), como informó este diario en la edición del domingo pasado, contabilizaron extraordinarias ganancias operativas en el período 2002-2006. Esas compañías no invirtieron nada o casi, y aplicaron ese excedente para cancelar deuda o para facilitar la renegociación con los acreedores. ¿Quién tiene que pagar esa estrategia empresaria “no solidaria” que explica en gran parte la actual escasez de energía de un modelo privado que ha fracasado y que el Gobierno no reemplaza? Los usuarios residenciales, no.