El Gobierno dispuso una revisión de los valores unitarios de referencia, que sirven para establecer el precio a las obras de ampliación de gasoductos. Hacia fines de marzo hubo una modificación que permitió rebajar 900 millones de dólares el costo total del plan 2006-2008, que ejecutan las transportistas bajo la supervisión del Enargas. Una resolución de este organismo habilitó desde ayer un nuevo cambio reflejando el propósito de la reconsideración: “despejar diferencias” que surgen entre las distintas cotizaciones que fueron avaladas por el destituido Fulvio Madaro.

Estos planes son concretados por Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur, que actúan por cuenta y orden de Estado. El diseño técnico y económico se realiza con la intervención del ente regulador y la Secretaría de Energía en función del interés que manifiesten grandes usuarios en contratar más transporte. Los fondos surgen del fideicomiso al que aportan los industriales y que administra el Banco Nación, hasta hace pocas semanas a través del otro funcionario desplazado tras el escándalo Skanska, Néstor Ulloa.

La planta compresora de Deán Funes, en la que participó esa constructora sueca, se enmarca en el primer programa para ampliar la capacidad de transporte con ese mecanismo financiero y de contralor. Para el segundo plan bianual –ahora con ejecución demorada– el Enargas había fijado hacia fines del año pasado los correspondientes valores unitarios de referencia (vur), equivalentes al precio de cada metro cúbico adicional del nuevo gas a transportar. Sobre esta base, la cotización total de las obras superaba los 3200 millones de dólares, drásticamente rebajados a 2347 millones en marzo pasado.

Ese repentino abaratamiento de entre el 30 y 40 por ciento, según los casos, quedó plasmado en la nota 1776, a través de la cual el Enargas fijó los últimos vur. Justamente, éste es uno de los instrumentos legales que cita la resolución del 21 de julio último del Ente, publicada ayer en el Boletín Oficial, para disponer un reexamen de los criterios oficiales. Del “análisis preliminar se advierte que correspondería realizar una revisión técnica para despejar diferencias que pudieran existir entre ellas” (las distintas normas) y fijar los vur “con un criterio definitivo, respetando los principios de legalidad, transparencia y celeridad”, se destaca en los considerandos.

La flamante resolución deja también en claro dos cuestiones. Una es la importancia de esos valores “a los fines de evaluar la razonabilidad de los precios” que surjan de las distintas alternativas de contratación (lo que aspiren a cobrar las empresas como Skanska). Otra, que este repaso no debe comprometer la continuidad de las obras, claves para atenuar la crisis energética. Uno de los mayores problemas en este sentido surge a partir del contrato ya firmado con la brasileña Oderbrech y que, según el presupuesto original, habría insumido 1900 millones de dólares, monto que genera dudas entre los técnicos de ente que ahora comanda Juan Carlos Pezoa.