“Será por aire, por tierra o por mar, pero los impuestos vamos a cobrar... evasoor... evasoor...” El estribillo remató el jingle producido para la última embestida pública contra los contribuyentes morosos que hizo ayer Santiago Montoya como funcionario de Felipe Solá. En el Centro Cultural Torquato Tasso (alquilado por módicos 1000 pesos), el secretario de Ingresos Públicos bonaerense anunció un nuevo plan de facilidades de pagos y la puesta en marcha de un sistema que obliga a las empresas a retener el pago a sus proveedores si éstos están en mora con la provincia. Lo hizo simulando ser postulante a un cargo electivo y con empleados de Rentas uniformados para la ocasión que oficiaban de supuestos seguidores.

La oferta de cancelación de deudas también asumió la forma de boletas electorales, por las que pueden optar hasta el 2 de noviembre. La “Lista A” es para los contribuyentes en mora en instancia prejudicial. Para ellos hay un descuento del 80 por ciento sobre los intereses y bonificaciones sobre el saldo que van del 25 al 10 por ciento, según si cancelan su obligación al contado o hasta en 6 cuotas. La “Lista B”, para aquellos que ya están en Tribunales, se añade el beneficio de un descuento también del 80 por ciento en los honorarios de los abogados estatales.

“Lista A, lista B o estás listo”, se escuchó más de una vez durante el impostado acto proselitista organizado en San Telmo. El lugar tuvo el obvio propósito de facilitar la cobertura mediática, aunque la elección está también respaldada por un argumento técnico: el 65 por ciento de la recaudación provincial proviene de la oficina capitalina de Rentas. La amenaza implícita en aquella tercera opción electoral (“estás listo”) no es otra que la de las sanciones previstas por la ley para los evasores enjuiciados y que van desde el embargo de sueldos mayores a 6 mil pesos hasta la controvertida medida judicial de apertura de cajas de seguridad.

El otro anuncio celebrado por los seguidores de Santiago, que cantaban hurras sacudiendo globos verdes y azules, fue la puesta en marcha del “embargo de derecho de crédito”. El sistema se instrumentó formalmente desde ayer y obliga a las empresas que operen en territorio provincial (se estima unas 12 mil) a retener los pagos a sus proveedores si éstos estuvieran identificados en la página de Rentas como morosos con juicio iniciado. Esa retención alcanza el 60 por ciento de la operación en trámite y no puede exceder los 8 mil pesos. Esa forma de cobro es lo que Montoya considera como un “cerrojo perfecto” para evitar que evasores sigan operando con normalidad, a veces a través de cuevas en las que cambian cheques.

El colorido funcionario bonaerense sueña con reforzar las arcas provinciales con unos 4 mil millones de pesos adicionales. Pero aun sin estos recursos, asegura, la recaudación estará por encima de los 12.460 millones presupuestados, aunque muy por debajo de lo que necesita la jurisdicción que, de ser gobernada por Daniel Scioli, lo conservará a Montoya en un similar puesto de combate.