El fallo de la Corte Suprema que restablece el 13 por ciento para los empleados públicos y jubilados “no implica en lo inmediato afectaciones financieras importantes, porque debe definirse caso por caso”, dijo ayer el ministro Roberto Lavagna. Pero reconoció que “genera dudas adicionales” en las negociaciones con el Fondo Monetario. “Más que dificultades de orden económico, (el fallo) genera un ruido político importante”, completó Lavagna en declaraciones a dos agencias internacionales, no casualmente elegidas para enviar un mensaje al exterior, mientras el Gobierno aguarda la respuesta del FMI a la carta de intención girada a Washington hace una semana.
Los principales ministros del Gabinete unificaron el discurso para responder al fallo de la Corte. Por un lado, destacaron que respetaban las decisiones de la Justicia. Por el otro, dejaron en claro que no hay fondos públicos suficientes para generalizar la devolución del 13 por ciento y que se pagará, caso por caso, mientras haya recursos.
“No es algo para dramatizar”, sostuvo el ministro de Seguridad y Justicia, Juan José Alvarez, buscando relativizar el impacto de la medida sobre la administración duhaldista. “Los agentes del Estado comenzarán a litigar para que les devuelvan el dinero, y el Estado nacional tendrá que hacer una cantidad de egresos que no tenía previstos. El problema es de caja: si está la plata, se reconoce el pago, si no, no se puede reconocer”, explicó. Alvarez dijo que no se pensaba derogar el decreto de De la Rúa que determinó el recorte a los empleados estatales, el que seguirá vigente para toda la administración nacional. Por otra parte, no quiso vincular el fallo a una presión política al Ejecutivo, teniendo en cuenta el proceso de juicio político abierto en el Congreso a los jueces de la Corte.
En la misma línea, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, dijo que el Gobierno “va a acatar” el fallo y negó que éste pueda interpretarse como una presión a Duhalde para que se mueva para archivar el juicio político a los miembros del máximo tribunal. Pero también insistió con que no hay fondos para pagar la recomposición salarial. “El Gobierno no debe cuestionar las decisiones de un poder independiente (pero), no están los recursos necesarios para hacer frente a estos gastos”, aseguró.
Tanto Alvarez como Atanasof criticaron el decreto de recorte salarial de De la Rúa. “A mi criterio, eran tiempos donde se metía la mano en los bolsillos de trabajadores y jubilados para que los números cerraran”, fustigó el jefe de Gabinete. Y Alvarez recordó que él fue uno de los máximos opositores a la medida, cuando la anunció Domingo Cavallo con el objetivo de cumplir el déficit cero. Sin embargo, hoy todos los funcionarios duhaldistas temen que peligre el demorado acuerdo con el Fondo.