Desde México

”No renunciaré”, ha dicho tajante Juan Camilo Mouriño, el colaborador más estrecho del presidente mexicano, Felipe Calderón, acusado de tráfico de influencias. Pese a la rotundidad de sus palabras, la vida política del joven ministro de Gobernación de México, de 36 años, se extingue a fuego lento. La fiscalía ha abierto una investigación para determinar si violó la ley; el Congreso se dispone a hacer lo propio; la presidenta de la Cámara de Diputados ha pedido su dimisión y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, busca defenestrarlo a cualquier precio. El caso se ha convertido en la primera crisis del gobierno conservador de Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN). La popularidad de Mouriño está por los suelos, según la empresa de encuestas María de las Heras. El 85 por ciento de mexicanos consultados en un sondeo opina que lo que hizo es moralmente incorrecto, y el 68 por ciento piensa que debería dimitir. Pero, ¿qué hizo el ministro nacido en Madrid e hijo de un emigrante gallego, Carlos Mouriño Atanes, presidente y propietario del club de fútbol Celta de Vigo? Como apoderado legal de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar, firmó siete contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), el gigantesco monopolio estatal, entre 2000 y 2003. El detalle que ha desatado el escándalo es que en aquella época Juan Camilo Mouriño era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, posteriormente, alto funcionario de la Secretaría de Energía, cuando el titular de este ministerio era Felipe Calderón.

Esta delicada información cayó en manos de Andrés Manuel López Obrador, líder del PRD y candidato presidencial derrotado en las controvertidas elecciones de 2006. Y éste ha ido suministrando en pequeñas dosis detalles de los contratos firmados por el empresario convertido en político, lo que le ha permitido recuperar protagonismo político en plena disputa interna en su partido, que el domingo próximo elegirá al nuevo presidente. El renacer de López Obrador, que considera a Calderón como presidente ilegítimo producto de un fraude electoral, tiene que ver con la pésima política de comunicación del gobierno, que ha reaccionado con una lentitud pasmosa. Mouriño ha puesto en manos de la Fiscalía de la nación la documentación de los contratos, con la esperanza de salir airoso de la investigación. Tal vez lo logre, pero la opinión parece por ahora reacia a exonerarlo.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.