Un cadáver con dos nombres reavivó la disputa entre Ecuador y Colombia por el ataque al campamento de Raúl Reyes y tensó aún más la relación entre los dos países.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, recuperó ayer el tono de indignación y enojo que desplegó en la Cumbre de Río y advirtió que si se comprueba que los militares colombianos mataron a un ecuatoriano en el ataque contra Raúl Reyes, la pelea diplomática volverá a empezar. “No dejaremos en el olvido este caso”, aseguró el mandatario. El caso es el de Franklin Aisalia, un campesino ecuatoriano que según una organización de derechos humanos de su país habría sido confundido por los colombianos con un líder de las FARC, Julián Conrado. “El cuerpo de Aisalia fue exhibido por las autoridades vecinas como si fuera el de Conrado, lo cual demuestra que falsearon su identidad”, aseguró Juan de Dios Parra, el titular de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu).

Por ahora el gobierno ecuatoriano se limitó a decir que investigará, mientras que en Bogotá aprovechan el feriado largo para no hacer comentarios. Pero la tensión crece cada día. El caso de Aisalia no es el primero, según la organización de derechos humanos. Manuel Jiménez apareció con un tiro en la nuca y torturado en Puerto Asís, un municipio del departamento colombiano de Putumayo, lindante con la frontera ecuatoriana, el jueves pasado. El activista de la localidad de Puerto Nuevo era conocido por enfrentarse a la política colombiana de erradicación de coca. “El dirigente denunció las fumigaciones aéreas colombianas con glifosato que causaron daños a la población ecuatoriana”, señaló a Página/12 Juan de Dios Parra. Este caso se suma al de otros ecuatorianos que aparecen muertos en Colombia.

El cuerpo del líder campesino de 35 años fue hallado muy cerca de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, donde el primero de marzo estalló la crisis entre ambos países. El 15 de marzo Jiménez cruzó a Putumayo para visitar una finca de su propiedad. Los medios dicen que iba a pagar una deuda por un terreno que había adquirido, pero lo cierto es que desde entonces nunca regresó. Recién dos días después apareció su cadáver en la morgue de Puerto Asís, según señaló Aldhu. Sin embargo, el cuerpo no era el de un hombre común, sino el de alguien que había sido sometido a las peores torturas. Fue entonces la esposa de Jiménez, Maricela Melo, quien salió a explicar que el cadáver de su cónyuge tenía quemaduras de ácido en la cara –un técnica utilizada también por los paramilitares– y cuatro disparos en la cabeza. Uno de ellos, precisó Aldhu, impactó en la nuca.

Para el organismo de DD.HH. la muerte de Jiménez no es un caso aislado. “Denunciamos este nuevo asesinato de un ciudadano ecuatoriano por parte de fuerzas militares colombianas, que se da en el marco del creciente clima de hostilidades que éstas vienen perpetrando contra la población fronteriza ecuatoriana”, señaló en un comunicado. El año pasado por ejemplo una granada cayó en una casa del lado ecuatoriano y despedazó a toda una familia. Con estos incidentes, indicó el presidente de Aldhu, ya son más de 3000 los ecuatorianos que entre el 2007 y 2008 fallecieron a raíz del conflicto armado en Colombia. Solamente los paramilitares masacraron a 1093 personas en la provincia de Nueva Loja en el lado colombiano de la frontera, dijo Parra. En su mayoría eran campesinos cocaleros pobres que al ser asesinados junto a su familia no tienen quién haga la denuncia, añadió.

Aunque las fuerzas de seguridad colombianas niegan haber matado a Jiménez, los familiares del campesino no les creen. “Ellos nos dijeron que lo habían matado por guerrillero, y esto no es cierto.” La otra sorpresa con la que se encontraron los allegados del activista es que su cuerpo apareció vestido con uniforme militar. “Ya le habían practicado una autopsia, retirado sus ropas y vestido con un pantalón de camuflaje en un evidente intento para crear confusión en torno de su muerte”, añadió el comunicado de Aldhu. En Colombia este tipo de casos es conocido como “falso positivo”. Bajo la política de seguridad democrática del presidente colombiano Alvaro Uribe, las fuerzas militares han recurrido cada vez más a esta práctica en su afán de demostrar el éxito de las operaciones contra la guerrilla, indica un informe de la Comisión de Juristas de Colombia. Mientras Aldhu espera que la fiscalía de Colombia inicie una investigación para establecer si la víctima fue torturada o si se intentó desfigurarla para ocultar su identidad, el gobierno de Uribe guardaba silencio ayer. Consultados por Página/12, tanto el canciller Fernando Araujo como el ministro de Interior Carlos Holguín prefirieron no opinar.

Informe: Juan Manuel Barca.