Desde Madrid

El gobierno regional catalán ha dado ayer un paso histórico en España al aprobar un proyecto de ley para promover la señalización y exhumación de las fosas comunes del período de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista. La propuesta de ley que será sujeta a la aprobación del Parlamento de Barcelona después del verano europeo va un paso más allá de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante el pasado año, ya que ahora será el Estado y no la iniciativa privada quien se haga cargo de llevar adelante las exhumaciones, una vez que se aprueben las solicitudes de los familiares de las víctimas.

La legislación propuesta por el gobierno de la Generalitát catalana, en manos del PSOE, Izquierda Unida y Ezquerra Republicana, pretende dar un reconocimiento a la dignidad de las personas que desaparecieron durante el conflicto sin discriminar, en principio, si las víctimas pertenecen al bando republicano o franquista.

El único límite a las exhumaciones previsto en el proyecto es el que exige que los demandantes aporten “indicios o pruebas documentales” de que sus familiares se encuentran en determinada fosa. La ley propuesta va más allá, ya que también garantiza a la familia de los desaparecidos la obtención de información sobre su destino, la señalización del lugar donde se encuentran enterrados y, en el caso de que corresponda, la recuperación de los restos para ser transportados donde deseen los familiares.

Otra novedad que aporta el proyecto es la responsabilidad del Poder Ejecutivo regional a la hora de sufragar los costes de las exhumaciones. El gobierno catalán ha estimado entre 40 y 50 euros cada una de estas operaciones y calcula que como máximo se realizarán dos o tres al año, según afirmó ayer el consejero de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitát, Joan Saura.

Desde el año 2003, cuando el tema de las exhumaciones de las fosas comunes comenzó a formar parte del debate público en un intento por subsanar las heridas abiertas que la transición española no quiso ni pudo afrontar después de la muerte de Franco y el retorno de la democracia, el gobierno catalán afirma haber recibido 2181 solicitudes de personas que desean conocer dónde y cómo murieron sus seres queridos y en qué sitio se hallan enterrados. En los últimos cinco años se pudieron resolver con éxito trescientos de estos casos.

El procedimiento para que el gobierno finalmente autorice la exhumación de una fosa exige que, en primer lugar, lo soliciten los familiares de las víctimas o una institución sin fines de lucro que se dedique específicamente a la recuperación de la memoria histórica. Una vez presentadas las pruebas que las familias de los desaparecidos puedan tener en su poder, corresponderá a una comisión asesora del gobierno formada por profesionales, representantes de asociaciones municipalistas, entidades vinculadas con esta problemática y diferentes departamentos del propio gobierno regional dar el visto bueno final a la ejecución de la exhumación. El Departamento de Relaciones Institucionales será el encargado de dar la aprobación final al proyecto.

De este modo, España da un paso significativo en la profundización de la recuperación de la memoria con respecto a lo sucedido durante la cruenta Guerra Civil que enfrentó al país entre 1936 y 1939 y a los atropellos que se cometieron luego por parte del bando vencedor, durante la larga dictadura del general Francisco Franco, en 1939 y 1975.

El Partido Popular, heredero del franquismo, se opuso con todas sus fuerzas el pasado año a la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica promovida por José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que el resto de las fuerzas políticas la apoyaron en el Parlamento. Con la nueva legislación propuesta ayer por Cataluña, para beneplácito de las asociaciones de víctimas y familiares que reprochaban al Ejecutivo socialista que el Estado no se hiciera cargo de las exhumaciones, España comienza a cerrar las heridas que dejó uno de los conflictos civiles más cruentos del siglo XX.